32089 Colombia: Desarrollo Económico Reciente en Infraestructura (REDI) Balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura Informes de Base Inversión en infraestructura en Colombia: Comportamiento, evaluación, presupuestación y contabilización Israel Fainboim Yaker Carlos Jorge Rodríguez R. Septiembre 1, 2004 Finance, Private Sector and Infrastructure Unit Latin America and the Caribbean Documento del Banco Mundial 2 TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 1 II. INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR ORIGEN Y DESTINO................................. 1 A. Inversión por Origen......................................................................................................... 2 B. Inversión Pública por Uso ................................................................................................ 3 C. Inversión de las Empresas Públicas Nacionales ............................................................. 4 D. Vigencias Futuras de Inversión........................................................................................ 5 III. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA POR SECTORES Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA ...................................................................... 7 A. Sector Eléctrico................................................................................................................ 10 B. Sector Gas ........................................................................................................................ 12 C. Sector Telecomunicaciones............................................................................................. 14 D. Sector Acueducto y Alcantarillado ................................................................................ 15 E. Sector Transporte (vías, puertos, aeropuertos, ferrocarriles)..................................... 16 IV. EFECTOS FISCALES DE LAS GARANTÍAS GUBERNAMENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA......................................................................... 18 A. Costos Fiscales de las Garantías .................................................................................... 19 1. Concesiones Viales............................................................................................................ 19 2. Contratos de Riesgo Compartido de Telecom................................................................... 20 3. PPA's de Energía .............................................................................................................. 22 B. Costos de Proyectos con Garantías Públicas vs. Costos de Provisión Pública........... 23 V. INSTITUCIONES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO......................................... 23 A. Proyectos de Inversión Financiados por el Presupuesto General de la Nación ......... 23 B. Proyectos de Inversión de las Empresas Públicas del Orden Nacional ...................... 27 VI. EL USO DE FONDOS ESPECIALES PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA 27 A. Ventajas y Desventajas de los Fondos Especiales......................................................... 27 B. Los Fondos Especiales en Colombia .............................................................................. 29 1. Fondo de Apoyo Financiero para el Energización de las Zonas no Interconectadas ­ FAZNI ........................................................................................................................................ 29 2. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.......................................................................................................................................... 31 3. Fondo Nacional de Regalías ­ FNR.................................................................................. 32 4. Fondo de Comunicaciones ................................................................................................ 33 5. Fondo Cuota de Fomento en Gas...................................................................................... 35 VII. PRESUPUESTACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y DE LAS INVERSIONES VÍA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS....................... 36 A. Inversión........................................................................................................................... 36 B. Depreciación .................................................................................................................... 37 C. Gastos de Mantenimiento ............................................................................................... 38 D. Pasivos Contingentes....................................................................................................... 38 VIII. APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIONAR ENTIDADES CUYA INVERSIÓN PODRÍA EXCLUIRSE DE LAS CUENTAS FISCALES.......................... 39 IX. REFERENCIAS .................................................................................................................... 43 I. INTRODUCCIÓN 1. El presente documento tiene como objetivo identificar las entidades públicas del sector de infraestructura cuya inversión financiada con deuda podría ser excluida de las cuentas del consolidado fiscal, por tratarse de inversiones de alta calidad, generando así mas espacio fiscal para otras inversiones que pueden tener un impacto importante sobre el crecimiento económico. Así mismo, en el documento se identifican las formas de participación privada en las inversiones en infraestructura en Colombia, bajo esquemas de "public-private partnerships" y se evalúa su desempeño, comparándolo en costos con la alternativa de provisión pública, con el objeto de determinar si esa sigue siendo una opción para el desarrollo de la infraestructura que debe mantenerse; igualmente, examina las metodologías de presupuestación y contabilización que aplican las entidades públicas para los proyectos de inversión desarrollados bajo los esquemas mencionados y que, además, han requerido garantías del sector público, con el fin de determinar si requieren ajustes para revelar adecuadamente su impacto fiscal. 2. Para lograr ese objetivo se procede en varias etapas. En el capítulo II se examina la evolución de la inversión en Colombia por origen y por destino, para identificar las entidades y sectores que la jalonan, así como las formas que toma. Seguidamente se analiza la inversión en infraestructura, su peso en la inversión total, la participación de los sectores público y privado (y de algunas entidades del sector público) en esta y su evolución por sectores de infraestructura y se realiza un inventario de las formas de participación privada en cada uno de ellos. En el capítulo IV se análisis se complementa con la cuantificación de los efectos fiscales de las garantías otorgadas por el sector público al sector privado para el desarrollo, por parte de este último, de algunos proyectos de infraestructura. 3. Para seleccionar entidades cuya inversión pueda ser excluida de las cuentas fiscales, es necesario determinar la capacidad de las entidades públicas para evaluar ex-ante, seleccionar y evaluar ex-post los proyectos de infraestructura. Esta tarea es desarrollada en dos capítulos. En el capítulo V se realiza el análisis para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) y cuyos proyectos de inversión deben inscribirse en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) y para las empresas públicas del orden nacional; y en el capítulo VI se examinan los Fondos Especiales para inversión en infraestructura. 4. El capítulo VII revisa, por su parte, las metodologías utilizadas actualmente en el país para presupuestar las inversiones públicas y aquellas desarrolladas bajo esquemas de public-private partnerships y para presupuestar y contabilizar las contingencias asociadas con estos últimos, con el objeto de determinar si estas metodologías requieren correctivos. 5. Finalmente, en el capítulo VIII se discuten y establecen criterios para seleccionar entidades cuya inversión podría excluirse de las cuentas fiscales, partiendo de la base de aquellos propuestos por el FMI y sugiriendo algunos alternativos. Los criterios finalmente seleccionados se aplican al caso colombiano para determinar las entidades que los cumplen. II. INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR ORIGEN Y DESTINO 6. La inversión total en Colombia (como % del PIB) aumentó de 16.6% en 1990 a 22.7% en 1994; luego observó una tendencia declinante hasta el año 2000, cuando representó el 11.9% del PIB, para finalmente aumentar a 13.5% del PIB en 2001 (Cuadro 1). 1 Cuadro 1 Inversión Total en Colombia, 1994-2002 (USD millones y % del PIB) Año Inversión PIB Inv. / PIB 1994 4,734 20,862 22.7% 1995 5,380 25,081 21.4% 1996 6,252 28,764 21.7% 1997 6,316 33,424 18.9% 1998 6,759 37,096 18.2% 1999 4,878 38,483 12.7% 2000 5,074 42,699 11.9% 2001 5,969 44,118 13.5% 2002 Fuente: DANE. Cuentas Nacionales A. Inversión por Origen 7. Si bien entre 1990 y 2001 la inversión ha sido mayoritariamente privada (58.6% de la participación promedio), la inversión pública aumentó su participación entre 1990 y 2000, pasando de 39% del PIB a 47.1%, para luego ubicarse nuevamente en niveles cercanos al 6% (Cuadro 2). El gobierno central participó en promedio con el 9.2% del total, los gobiernos locales con el 14.1% y las empresas públicas con el 18.1%. Ello quiere decir que el 40% de la inversión pública fue realizada por empresas públicas (incluyendo las del orden territorial), otro tanto por los gobiernos locales y el resto por el gobierno nacional. La participación de los gobiernos locales y de las empresas públicas muestra una tendencia creciente, mientras que la del gobierno nacional aumenta hasta 1996 y luego declina (Cuadro 2). Cuadro 2 Inversión Pública y Privada según Origen, 1990-2002 (participación en la FBKF total) Emp. Año Gob. Central* Gob. Local Total Pública Privada Total Públicas 1990 10.3% 9.8% 18.9% 39.0% 61.0% 100.0% 1991 8.4% 12.9% 21.1% 42.5% 57.5% 100.0% 1992 8.8% 12.6% 25.6% 47.0% 53.0% 100.0% 1993 8.4% 12.3% 22.3% 43.0% 57.0% 100.0% 1994 8.0% 11.2% 16.4% 35.7% 64.3% 100.0% 1995 10.8% 10.4% 17.1% 38.2% 61.8% 100.0% 1996 12.2% 16.0% 15.2% 43.4% 56.6% 100.0% 1997 10.1% 14.9% 6.1% 31.1% 68.9% 100.0% 1998 8.5% 15.0% 19.3% 42.8% 57.2% 100.0% 1999 8.4% 18.4% 20.3% 47.1% 52.9% 100.0% 2000 7.7% 18.6% 20.9% 47.1% 52.9% 100.0% 2001 9.3% 17.3% 13.4% 40.0% 60.0% 100.0% 2002 Promedio 9.2% 14.1% 18.1% 41.4% 58.6% 100.0% * Incluye seguridad social Fuente: DANE. Cuentas Nacionales, cálculos propios 2 8. Como porcentaje del PIB, la inversión privada muestra una tendencia creciente entre 1990 y 1994, pasando de 10.1% a 14.6%, para luego decrecer de forma sostenida hasta representar el 6.3% en 2000. La inversión pública, por su parte, pasó de 6.6% en 1990 a un máximo de 9.4% en 1996, para luego descender a 6% en 2002 (Cuadro 3). Cuadro 3 Inversión Pública y Privada en Colombia, 1990-2002 (% del PIB) Gobierno Gobiernos Empresas Total Empresas Total Hogares Total Central* Locales Públicas Pública Privadas Privada 1990 1.7 1.6 3.2 6.6 6.4 3.7 10.1 16.6 1991 1.2 1.9 3.2 6.3 4.7 3.7 8.3 14.6 1992 1.4 1.9 4.1 7.4 4.0 4.2 8.2 15.6 1993 1.6 2.3 4.3 8.2 5.9 4.7 10.6 18.8 1994 1.8 2.5 3.7 8.1 6.9 7.7 14.6 22.7 1995 2.3 2.2 3.7 8.2 6.8 6.4 13.2 21.4 1996 2.7 3.5 3.3 9.4 7.9 4.4 12.3 21.7 1997 1.9 2.8 1.2 5.9 9.2 3.8 13.0 18.9 1998 1.5 2.7 3.5 7.8 7.1 3.4 10.4 18.2 1999 1.1 2.3 2.6 6.0 5.1 1.6 6.7 12.7 2000 0.9 2.2 2.5 5.6 5.2 1.0 6.3 11.9 2001 1.3 2.3 1.8 5.4 6.6 1.5 8.1 13.5 2002 1.3 2.3 2.3 6.0 n.d n.d n.d. n.d. Promedio 1.6 2.4 3.0 7.0 6.3 3.8 10.2 17.2 * Incluye seguridad social Fuente: DANE, Cuentas Nacionales B. Inversión Pública por Uso 9. Tan solo se dispone de la información por uso para la inversión pública. En promedio en el período 1990-2002 el 19.2% de la inversión pública se dirigió a pagos a entidades por obras de infraestructura, el 8.2% a maquinaria y equipos, el 5.9% a construcción, el 1.4% a equipo de oficina, el 0.7% a equipo de transporte y el 0.1% a otros destinos, tales como compra de software y explotación minera (Cuadro 4). Los pagos a entidades por obras de infraestructura y equipo de transporte observan una tendencia a aumentar su participación en el tiempo. 10. En porcentaje del PIB, los pagos a entidades por obras de infraestructura base en una tendencia creciente durante el período, con algunas oscilaciones; la maquinaria y equipos varios de creciente en 1994 y 1998, luego aumenta hasta 2000 y seguidamente declina; y a construcción crece hasta 1996, de creciente ese año y el 2000 y la ofrenda aumentar (cuadro 5). 3 Cuadro 4 Inversión Pública por Uso, 1990-2002 (participación en la inversión total) Pagos a ent.por Maquinaria y Equipo de Año obras de Construcción Otros* Total Público equipos varios transporte infraest. 1990 11.3% 3.9% 4.5% 0.4% 0.0% 20.1% 1991 12.0% 3.7% 5.2% 0.4% 0.0% 21.4% 1992 14.0% 2.2% 4.8% 0.4% 0.0% 21.4% 1993 12.8% 3.4% 4.2% 0.3% 0.0% 20.7% 1994 16.3% 13.3% 5.5% 0.4% 0.2% 35.7% 1995 16.4% 12.9% 7.9% 0.7% 0.3% 38.2% 1996 22.8% 9.8% 8.7% 2.1% 0.0% 43.4% 1997 16.3% 6.9% 7.7% 0.1% 0.0% 31.1% 1998 28.8% 6.6% 6.2% 1.0% 0.1% 42.8% 1999 26.9% 12.6% 6.1% 1.4% 0.1% 47.1% 2000 27.9% 15.7% 2.9% 0.5% 0.2% 47.1% 2001 24.5% 6.9% 6.7% 1.2% 0.7% 40.0% 2002 Promedio 19.2% 8.2% 5.9% 0.7% 0.1% 34.1% * Incluye Gastos de explotación minera, Activos cultivados, Adquisición de semovientes y Compra de software Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos Propios Cuadro 5 Inversión Pública por Uso, 1990-2002 (% del PIB) Pagos a ent.por Maquinaria y Equipo de Año Construcción Otros** Total Público* obras de infraest. equipos varios transporte 1990 1.87% 0.64% 0.73% 0.07% 0.00% 3.32% 1991 1.74% 0.54% 0.76% 0.05% 0.00% 3.09% 1992 2.15% 0.34% 0.74% 0.06% 0.00% 3.29% 1993 2.38% 0.63% 0.79% 0.05% 0.00% 3.85% 1994 3.70% 3.01% 1.24% 0.10% 0.04% 8.09% 1995 3.53% 2.76% 1.69% 0.16% 0.07% 8.20% 1996 4.96% 2.13% 1.89% 0.45% 0.01% 9.44% 1997 3.07% 1.31% 1.46% 0.02% 0.01% 5.87% 1998 5.25% 1.21% 1.13% 0.18% 0.02% 7.79% 1999 3.41% 1.59% 0.77% 0.18% 0.01% 5.97% 2000 3.31% 1.86% 0.35% 0.05% 0.02% 5.60% 2001 3.31% 0.94% 0.91% 0.16% 0.10% 5.41% 2002 * Para el período 1990-1993 falta incluir la inversión de las empresas públicas, la cual aun no se tiene desagregada. ** Incluye Gastos de explotación minera, Activos cultivados, Adquisición de semovientes y Compra de software Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos Propios C. Inversión de las Empresas Públicas Nacionales 11. La inversión aprobada de las empresas públicas del orden nacional viene reduciéndose como porcentaje del PIB desde 1997 (Gráfico 1). Alcanzó un pico en 1996 de 3.6% del PIB y de ahí en adelante declinó en forma sostenida, hasta llegar a 1.2% del PIB en 2003 y 2004. El grueso de la inversión aprobada corresponde a unas pocas empresas. En 2003 un total de 4 empresas 4 representaron el 67.3% de la inversión aprobada: Ecopetrol (56.5%), Telecom (6.4%), Dispac (2.3%) y Ecogas (2.1%). Un porcentaje creciente de la inversión aprobada corresponde a vigencias futuras y cuentas por pagar, lo que ha ido reduciendo el espacio para nuevas inversiones (DNP, 2003). Vale la pena mencionar también que un porcentaje significativo de la inversión de las empresas públicas nacionales corresponde a inversiones financieras1; excluyendo estas, que no constituyen formación bruta de capital fijo, el peso de las cuatro empresas antes referidas asciende al 81.7% de la inversión total. Para 2004 esta cifra aumentó a 89.6% Gráfico 1 Evolución del Presupuesto de Inversión de las Empresas Públicas, 1994-2004 (% del PIB) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: DNP, UIFP D. Vigencias Futuras de Inversión 12. Las vigencias futuras aprobadas por la Nación para garantizar la inversión de las distintas entidades públicas ascienden a USD2.346,8 millones en 2004 y descienden de forma paulatina hasta USD352,2 millones en el año 2020. De los recursos aprobados en 2004, el 40% se dirige a empresas y el resto a las demás entidades que hacen parte del PGN (Cuadro 6). Dentro del primer grupo se tiene a Telecom, Carbocol, Ecopetrol y Corelca, las cuales participan con el 42,28% de las vigencias futuras aprobadas para todo el período de referencia. 1Las inversiones financieras de la Caja Promotora de Vivienda Militar, Caprecom y Riesgos Profesionales del ISS representaron el 22% de la inversión aprobada para 2004, las cuales no pueden considerarse formación bruta de capital. 5 Cuadro 6 Vigencias Futuras Aprobadas, 2004-2020 2004 897.5 1,486.5 2,384.0 2005 579.4 1,326.1 1,905.6 2006 450.4 1,214.3 1,664.7 2007 392.8 1,139.1 1,531.9 2008 373.8 682.4 1,056.2 2009 341.8 657.4 999.2 2010 319.1 504.7 823.8 2011 300.8 237.5 538.3 2012 290.0 226.0 516.0 2013 283.5 219.8 503.3 2014 279.1 213.8 493.0 2015 274.0 208.0 482.0 2016 267.7 141.7 409.3 2017 261.9 117.9 379.8 2018 254.2 114.9 369.0 2019 248.5 111.9 360.4 2020 243.2 109.0 352.2 Total 6,057.8 8,711.1 14,768.9 Fuente: Ministerio de Hacienda 13. Dentro de las entidades que conforman el PGN se destaca la participación del Ministerio de Hacienda (gestión general), que comprende las vigencias que el gobierno ha aprobado para financiar la construcción de los sistemas de transporte masivo de Bogotá, Cali, Pereira y Cartagena y los aportes hechos a Fogafín para capitalizar la banca pública, entre otros; también tiene un peso considerable la provisión hecha para el pago de deuda y la inversión de los ministerios de defensa, minas y energía y transporte (Cuadro 7). Cuadro 7 Distribución Sectorial de las Vigencias Futuras (USD millones de 2003) USD millones Paticipación Total Vigencias Futuras 14,768.9 100.00 Empresas 6,057.8 41.02 Telecom 4,265.5 28.88 Carbocol 613.7 4.16 Ecopetrol 709.5 4.80 Corelca 229.9 1.56 Otros 239.2 1.62 Presupuesto General de la Nación 8,711.1 58.98 Hacienda 6,524.2 44.18 TransMilenio Bogotá 4,193.0 28.39 Fogafín (capit. ent. fin. púb.) 1,905.9 12.91 Transporte Masivo (Cali, Pereira, Cartagena) 263.2 1.78 Otros 162.1 1.10 Deuda 1,130.3 7.65 Ministerio de Defensa 273.9 1.85 Ministerio de Minas 182.3 1.23 INVIAS 71.2 0.48 Ministerio de Transporte 64.8 0.44 Protección 66.9 0.45 ICBF 60.1 0.41 Otros 337.3 2.28 Fuente: Ministerio de Hacienda, DGPN; Cálculos Propios 6 14. Cuando se analiza el espacio que dejan las vigencias futuras a la "nueva inversión", se observa que los recursos comprometidos de los presupuestos futuros podrían representar más del 40% de la inversión programada para 2004 y descenderían de forma sostenida en la medida en que las vigencias futuras se reduzcan, hasta llegar al 12.5% en 20102. En este punto hay dos aspectos que merecen ser mencionados: el primero tiene que ver con el compromiso de una administración para no comprometer recursos de las futuras administraciones. Si no existe ese compromiso la inversión entra en un espiral nocivo al ver reducido su espacio durante la programación del presupuesto en los años siguientes. 15. El segundo punto va en el sentido contrario y tiene que ver con la filosofía de las vigencias futuras. En principio, estas apropiaciones del presupuesto deberían considerarse sólo cuando corresponden a proyectos de gran impacto en el desarrollo del país o de una región, por lo que es un peligro la frágil voluntad política y la falta de criterio para seleccionar este tipo de proyectos. Resulta mucho más fácil para un gobierno ser generoso garantizando vigencias futuras, salvando la responsabilidad política y técnica de establecer criterios claros de priorización de la inversión. 16. Por último el análisis de las vigencias futuras de las empresas públicas, donde se da buena parte de la inversión en infraestructura 3 , muestra que estas se concentran en el sector de telecomunicaciones (específicamente en Colombia Telecomunicaciones, anteriormente Telecom), con el 73,8% de las vigencias comprometidas para las empresas. Le sigue minería con el 21,2%, destacándose las de Carbocol y Ecopetrol. Los demás sectores presentan participaciones mucho menores, siendo la más importante la del sector de energía, por las vigencias aprobadas para Corelca, con el 3,15% del total de las empresas. III. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA POR SECTORES Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA 17. La inversión en infraestructura (energía, comunicaciones, transporte) aumentó de 2.0% del PIB en 1990 a 4.7% en 1997 y luego declinó a 2.1% en 2002, luego de haber alcanzado el 4.6% en 1997 (Cuadro 8). La inversión pública en estos sectores aumentó de 0.1% del PIB en 1990 a 1.9% en 1997, declinó a 1% en 1999 y luego volvió a aumentar. La inversión por su parte aumentó de 2% del PIB en 1990 a 2.8% en 1997 y luego empezó a declinar. 2Los supuestos de proyección de la inversión pública fueron una inflación promedio de 4% anual y una variación real del PIB de 4%. Vale la pena mencionar aquí que se excluyó del monto de vigencias futuras aprobadas los compromisos de deuda y algunos rubros denominados "adquisición de servicios" de las bases de datos que se trabajaron; la razón para ello es que estos no se consideran inversión en el sentido de la FBKF y son manejadas de otra forma en términos presupuestales. Si se incluyeran, el peso de las vigencias futuras en la inversión sería mucho mayor (cercano al 50% en 2004). 3Aquí se incluye las vigencias futuras aprobadas para el Invías. 7 Cuadro 8 Inversión Sectorial en Infraestructura, 1990-2002 (% del PIB) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Transporte /1. 0.84 0.73 0.81 1.04 0.84 1.14 0.88 Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.14 0.20 Público 0.84 0.73 0.81 1.04 0.79 1.00 0.68 Energía /2. 0.78 0.83 0.96 0.88 1.11 1.30 2.34 Privado 0.00 0.10 0.10 0.09 0.27 0.54 0.98 Público 0.78 0.73 0.86 0.80 0.84 0.75 1.35 Telecomunicaciones 0.41 0.70 0.58 0.65 0.64 1.01 0.76 Privado 0.00 0.02 0.00 0.03 0.08 0.47 0.42 Público 0.41 0.68 0.57 0.63 0.57 0.55 0.35 Total Infraestructura 2.02 2.25 2.35 2.58 2.59 3.45 3.98 Privado 0.00 0.12 0.10 0.11 0.39 1.15 1.60 Público 2.02 2.14 2.25 2.46 2.20 2.30 2.38 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Transporte /1. 1.29 0.97 0.53 0.15 0.76 0.34 Privado 0.26 0.26 0.20 0.04 0.14 0.00 Público 1.03 0.71 0.34 0.12 0.62 0.34 Energía /2. 2.09 1.32 1.07 0.95 0.55 0.62 Privado 0.96 0.29 0.28 0.72 0.55 0.00 Público 1.12 1.03 0.80 0.23 0.00 0.62 Telecomunicaciones 1.28 1.67 1.55 1.01 1.24 0.48 Privado 0.67 1.03 0.57 0.67 0.77 0.00 Público 0.62 0.65 0.98 0.34 0.47 0.48 Minería 2.89 2.74 2.59 2.44 2.44 2.44 Privado 1.52 1.24 0.96 0.68 0.68 0.68 Púlico 1.37 1.49 1.61 1.73 1.73 1.73 Total Infraestructura 4.66 3.96 3.16 2.11 2.55 1.43 Privado 1.89 1.58 1.04 1.43 1.46 0.00 Público 2.77 2.38 2.12 0.69 1.09 1.43 /1. Incluye vías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos /2. Incluye electricidad y gas Fuente: DNP, Indicadores de Coyuntura Económica Cuadro 9 Indicadores Físicos de Infraestructura, 1990-2002 Capacidad Red de Instalaciones Telefonía Líneas Kilómetros de Instalada Transmisión Domiciliarias Locales Carreteras* (MW) (Kms) Gas Natural 1990 8,793 11,851 2,851,021 25,737 299,602 1991 8,809 12,049 3,071,628 25,628 416,212 1992 9,470 13,123 3,374,143 25,553 524,433 1993 10,361 15,098 3,845,909 25,564 647,357 1994 10,631 15,805 4,281,027 25,584 789,689 1995 10,571 15,409 4,904,716 25,990 937,613 1996 10,600 5,696,480 1,130,524 1997 11,027 6,523,539 1,340,706 1998 11,896 7,712,005 1,618,585 1999 11,592 11,502 8,391,979 1,898,952 2000 12,581 8,725,386 2,138,706 2001 13,168 9,026,070 2002 12,036 Fuente: DNP- Series de Infraestructura y SSPD- Supercifras * Pavimentadas y no pavimentadas 18. Estas inversiones han aumentado en forma importante el stock de infraestructura y en consecuencia la cobertura de algunos servicios (Cuadro 10). La excepción importante ha sido la infraestructura vial, donde la longitud de las vías pavimentadas se ha mantenido estancada desde hace más de una década. 8 Cuadro 10 Ejecución Presupuestal de la Inversión en el Sector Infraestructura, 1990-2003 Gobierno Nacional y Establecimientos Públicos del Orden Nacional USD millones de 2003 Porcentaje del PIB Año Comunica Minas y Comunica Minas y Transporte Total Transporte Total ciones Energía ciones Energía 1990 12.8 283.3 92.0 392.8 0.03% 0.58% 0.19% 0.81% 1991 6.1 339.6 125.2 474.7 0.01% 0.68% 0.25% 0.96% 1992 72.0 425.7 56.4 557.2 0.14% 0.84% 0.11% 1.09% 1993 17.6 427.8 35.8 483.7 0.03% 0.79% 0.07% 0.89% 1994 4.4 460.3 31.6 498.4 0.01% 0.67% 0.05% 0.73% 1995 27.2 789.0 205.5 1,023.4 0.04% 1.10% 0.29% 1.43% 1996 31.7 811.6 261.4 1,106.0 0.05% 1.16% 0.37% 1.58% 1997 6.3 546.3 191.4 745.2 0.01% 0.76% 0.27% 1.04% 1998 61.1 533.7 154.5 750.2 0.09% 0.75% 0.22% 1.05% 1999 39.1 528.2 164.1 732.3 0.06% 0.75% 0.23% 1.04% 2000 40.5 300.0 96.8 438.2 0.05% 0.40% 0.13% 0.59% 2001 46.7 543.9 156.2 747.6 0.06% 0.73% 0.21% 1.00% 2002 47.0 461.6 89.7 599.1 0.06% 0.63% 0.12% 0.81% 2003 21.7 318.5 118.8 459.6 0.03% 0.41% 0.15% 0.59% Fuente: DNP, DIFP. Cálculos Propios 19. Como se verá más adelante, el grueso de la inversión pública en infraestructura en el período considerado fue realizada por unas pocas empresas públicas y por sociedades de economía mixta de los órdenes nacional y municipal (ISA, ISAGEN, EPM, Telecom, ETB, EAAB, Ecogas, Emcali). Sin embargo, en los últimos años han adquirido importancia creciente como fuentes de financiación de las inversiones públicas en infraestructura los recursos de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales destinadas al sector de agua potable y saneamiento básico y los recursos destinados a fondos especiales provenientes de contribuciones aplicadas a los sectores de petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Estos últimos comprenden los Fondos para Electrificación Rural en Zonas Interconectadas (FAEL) y No Interconectadas (FAZNI), el Fondo para la Energía Social (FES) y el Fondo de Comunicaciones, entre otros. Caso aparte lo constituye el Fondo Nacional de Regalías (FNR). Gráfico 2 Participación de la Inversión en Infraestructura en la Inversión Total, 1994-2000 (%) 35.0 32.5 30.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 9 Fuente: DNP, UIFP 20. La inversión privada en infraestructura empieza a ser importante a partir de 1995. Esta se produjo generalmente a través de contratos de concesión (vías, aeropuertos, puertos, agua potable y saneamiento básico, telefonía celular, transporte y distribución de gas, contratos de compra garantizada de energía), contratos de riesgo compartido (telefonía local) o esquemas que combinan con sudor a con concesiones para la operación y mantenimiento (ferrocarriles). Ha sido escasa la participación privada en privatizaciones (compra de acciones, compra de las empresas, capitalizaciones) o mediante inversiones directas por fuera de los mecanismos de los contratos de concesión. Las excepciones más importantes se produjeron en el sector eléctrico, en el cual se vendieron algunos de los más importantes activos a empresas extranjeras (Betania, Chivor, etc.) y a EPM y donde se produjeron algunas capitalizaciones importantes (EEB, ISA y Electrificadoras de la Costa como las más importantes); y en telecomunicaciones, con la capitalización de la ETB y la compra por EPM de algunas telefónicas (Telefónica de Pereira, Entelsa). A. Sector Eléctrico 21. En 2001 había 72 empresas de servicios públicos de electricidad: 18 de generación y comercialización, 6 de generación únicamente, 13 de comercialización, 17 de distribución y comercialización, 4 de transporte y 14 integradas verticalmente. En la última década aumentó en forma fuerte el número de generadores y comercializadores. Los activos de las empresas mas importantes del sector, que representan el 65.7% de los activos totales se distribuyen así: generación y comercialización (46.8%), distribución y comercialización (24.5%), integradas verticalmente (28.7%). Un total de 13 empresas concentran el 65.7% de los activos del sector (Cuadro 11). Cuadro 11 Participación en el activo y el patrimonio del sector eléctrico de las mayores empresas del sector, 2001 Part. Negocio Empresa Part. Activo Patrimonio Integradas Verticalmente EPM 9.27% 6.10% EPSA 4.84% 3.37% EMCALI 2.81% 1.36% CHEC 1.95% 1.50% Generación y EMGESA 10.17% 8.60% Comercialización ISAGEN 6.59% 3.95% BETANIA 5.43% 3.29% URRA 3.37% 0.48% CHIVOR 2.70% 1.04% CORELCA 2.45% 0.66% Distribución y CODENSA 8.72% 7.84% Comercialización ELECTRICARIBE 3.74% 1.17% ELECTROCOSTA 3.63% 1.63% Subtotal 65.68% 40.98% Fuente: SSPD, Supercifras. 22. En generación de energía el grueso de las inversiones públicas ha sido realizada por ISAGEN (La Miel) y EPM (Porce II, Porce III ­en ejecución-, Termosierra, Gepirachi, Turbinas de viento en la Guajira ­en ejecución-, central hidroeléctrica en Panaá). La inversión privada se produjo inicialmente a través de BOOT y BOOM vinculados en algunos casos a contratos de compra garantizada de energía (PPA's), donde el off-taker era una entidad pública (generalmente una 10 distribuidora municipal), en un período en que no estaban todavía definidas las nuevas reglas de juego del sector. Con base en este mecanismo se desarrollaron entre otros los siguientes proyectos: a) Termobarranquilla (por contrato de 1995 entre Corelca y Tebsa a 15 años) e Hidroeléctrica La Miel (por contrato entre Isagen y La Miel). Los PPA's estos 3 proyectos los garantizó la FEN y contragarantizó la Nación; b) Termopaipa IV (contrato entre EBSA y la Compañía eléctrica de Sochagota a 20 años), con garantía de la FEN y sin contragarantía de la Nación; c) Termodorada (contrato PPA de 1995 a 15 años) entre la CHEC y la Sociedad Termodorada) sin garantías de entidades nacionales; d) Electroliza firmó en 1995 un contrato BOOT por 12 años con la Sociedad Energética de Melgar (SEM) para la construcción, montaje, operación y mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas; y, e) EDEQ celebró en marzo de 1997 un contrato BOOT por diez años con la Sociedad Eléctrica de Medellín para la construcción y operación de líneas de misiones y diseño, montaje y puesta en servicios de subestaciones eléctricas. Estos proyectos tuvieron por lo general graves efectos financieros sobre quien en lo suscribieron o garantizaron (y contragarantizaron). El contrato Isagen-La Miel fue cancelado cuando se inició el proceso de privatización de Isagen, proceso que debió suspenderse. Termobarranquilla ha venido generando obligaciones importantes para la Nación. Termopaipa IV ha obligado a la FEN a pagar garantías en montos importantes con sus propios recursos. Los contratos de CHEC, Electroliza, EBSA y EDEQ hicieron inviables financieramente a esas entidades. La CHEC fue comprada por EPM y Electroliza fue intervenida por la SSPD. 23. Posteriormente el sector privado invirtió sin garantías públicas en algunas pocas plantas térmicas de tamaño reducido. Debido a los riesgos regulatorios y al peso de los "costos hundidos" (sunk-costs), la inversión privada por fuera de contratos ha sido muy pequeña. Mucho mas importantes han sido las privatizaciones y capitalizaciones. Entre 1996 y 1998 se vendieron varias empresas y activos de generación de energía (Betania, Chivor, EPSA, Termocartagena y Termotasajero), generándole recursos al gobierno nacional por alrededor de USD1.800 millones (Cuadro 12). Los recursos de la venta de EPSA se destinaron a la indemnización resumió la CVC al escindirse de EPSA, a cancelar deudas pensionales y a financiar proyectos de inversión en los departamentos del Valle y de Cauca. Los recursos de las ventas de las otras cuatro generadoras se utilizaron para un prepago de deuda de Isagen y para financiar gastos corrientes de la Nación. En 1997 se capitalizó la EEB por inversionistas españoles en la suma de USD2.000 millones, suma que se utilizó en parte para pagar la deuda de la EEB y provisionar el pasivo pensional. Cuadro 12 Valor de Venta de las Principales Privatizaciones del Sector Eléctrico (USD millones) Entidad Valor Betania 506 Chivor 641 Termotasajero 18 Termocartagena 16 EPSA 622 Total 1,803 Fuente: Caballero (1999) 24. En transmisión de energía la inversión ha sido realizada fundamentalmente por ISA, que también ha invertido en el exterior (Perú, Bolivia), capitalizó Transelca (por USD185 millones) y ha adquirido tramos de la red pertenecientes a otras empresas públicas. ISA es en la actualidad propietaria de cerca del 83% de la red de transmisión nacional, porcentaje que aumentará a ___% cuando ejecute las inversiones en expansión que licitó la UPME y que fueron adjudicados a esta empresa. La EEB invirtió en Perú con ISA y ha comprado tramos cortos de la red. 11 25. Además de la importancia de ISA, también vale la pena destacar que el sector privado participó en el mercado de transmisión con contratos BOT en Quindío, Huila y Tolima financiados por la FEN a partir de un patrimonio autónomo. Los dos primeros tuvieron un buen manejo, pero el BOT de Tolima tuvo problemas en el esquema de recaudo y se quebró. 26. En distribución de energía la mayor parte de las inversiones ha sido realizada por dos empresas públicas locales (EPM y Emcali) y una sociedad de economía mixta (Codensa). Los problemas financieros que vienen enfrentando desde hace cerca de una década un número grande de empresas distribuidoras del orden nacional (Santander, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Quindío, Huila, Nariño, Meta, Cundinamarca, Caquetá, Caldas, Boyacá y Cauca) han limitado seriamente su capacidad de inversión. Las 8 distribuidoras de energía de la Costa Atlántica (Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Magangue) se quebraron y fueron fusionadas (en Electrocosta y Electricaribe) y capitalizadas por Unión Fenosa en USD1.035 millones. De esta suma, USD680 millones se utilizaron para atender pasivos laborales, comerciales y financieros. B. Sector Gas 27. A 31 de diciembre de 2000 estaban inscritos en la SSPD un total de 41 prestadores de servicios públicos de gas natural, de los cuales 13 se encontraban en etapa preoperativa. Del patrimonio total del sector, el 66% era privado y el 34% público. El número de empresas de acuerdo con el servicio que prestaban y la distribución del patrimonio se muestran en el Cuadro 10. En 2000 el 84.4% de los activos no corrientes se concentraba en 6 empresas: Ecogas (26.4%), Promigas (25.6%), Gas Natural (16.9%), EPM (6.8%), Gases del Caribe (4.7%) y Gas Natural del Oriente (4%). En el año 2000 las empresas del sector hicieron inversiones por USD3.8 millones. Las que registraron mayores inversiones fueron: EPM (USD324.2 millones), Promigas (USD15.2 millones) y Gas Natural (USD9.6 millones). Estas representaron el 92.8% de la inversión del sector en ese año. Cuadro 13 Empresas del Sector de Gas y Distribución del Patrimonio, 2000 Tipo de Empresas Número Público Privado Distrib. y comercializ. en 15 8.6% 91.4% área no exclusiva Distrib. y comercializ. en 5 0.0% 100.0% área exclusiva Transportadoras 8 52.3% 47.7% Total Sector 28 34.0% 66.0% Fuente: SSPD, Supercifras 28. En transporte de gas la Nación encomendó a Ecopetrol el desarrollo de las troncales, algunas de las cuales fueron construidas mediante la inversión de esta empresa (a través de Ecogas) y otras mediante esquemas BOT. En distribución de gas la infraestructura ha sido desarrollada en parte por el sector privado bajo el esquema de "áreas de servicio exclusivo" y por los sectores público y privado en áreas no exclusivas. 29. En 1993 la red nacional de gasoductos contaba con 2.311 Km., de los cuales 584 Km., eran de propiedad de Ecopetrol y estaban ubicados en su gran mayoría en el interior del país y 1.727 Km. eran gasoductos privados, ubicados principalmente en la Costa Atlántica y los Santanderes. En la Costa Atlántica el transporte se desarrolló a través de contratos de concesión, donde el inversionista privado asumió los riesgos de mercado y regulatorios. El principal inversionista privado ha sido Promigas S.A. (100% privada) con aproximadamente 1.989 kilómetros de gasoductos en operación (Gasoducto Central de la Costa). 12 30. Con el fin de garantizar el suministro de gas al interior del país, el Gobierno Nacional encomendó a Ecopetrol en 1993 la ampliación de la infraestructura de transporte a través de la construcción de una red de gasoductos que conectaran los grandes centros de producción con los centros de consumo, mediante inversión directa o por contrato (BOMT o similares). 31. En lo que se llamó Sistema de Transporte del Centro, la participación privada se presentó a través de un contrato BOMT del transportador -Ecopetrol- con Centragas (Ballena- Barrancabermeja), en donde Ecopetrol asumió el riesgo comercial y el riesgo regulatorio, pagándole al concesionario una tarifa por financiar y realizar las actividades de construcción, operación y mantenimiento del gasoducto. Ecopetrol, mediante pagos periódicos, adquirió la capacidad de transporte de los gasoductos durante la duración de los respectivos contratos. Al vencimiento del contrato, el gasoducto puede pasar a ser propiedad de Ecopetrol. 32. En el Sistema de Transporte del Interior la participación privada se presentó bajo tres modalidades: contratos de concesión firmados con Transmetano y Transoriente, contratos BOMT firmados con Centragas y Transgas de Occidente (Mariquita-Cali) y contratación directa de Ecopetrol. En estos casos es Ecopetrol quien ante la CREG es transportador, mientras que el firmante del BOMT es un subcontratista (de transporte) de Ecopetrol. Por lo tanto Ecopetrol recibe las tarifas determinadas por la CREG, mientras los pagos que hace a los constructores de los gasoductos bajo el esquema BOMT son determinados por medio de procesos licitatorios. 33. Los riesgos en cada uno de los tres sistemas eran distintos. En el Sistema de la Costa Atlántica el riesgo de mercado era mínimo, dado que existía desde tiempo atrás un mercado desarrollado de gas natural y un solo transportador. En cuanto al riesgo regulatorio, el sistema cuenta con una tarifa por períodos de cuatro años, que recupera la inversión con una rentabilidad satisfactoria. Los Sistemas de Transporte del Interior y del Centro presentaron un escenario diferente. El riesgo de mercado es mayor, ya que no existían mercados de gas. En cuanto al riesgo regulatorio, si la regulación tarifaria expedida por la CREG aplicara para todos los proyectos nuevos en el interior, no sólo a Ecopetrol, sino también a los inversionistas que tuvieran un contrato BOMT con éste, no existiría inversión privada en transporte de gas natural, ya que la tarifa no recupera los pagos de los BOMT's. La CREG estableció tarifas muy bajas para los usuarios finales, para que el precio del gas fuera competitivo con respecto a los combustibles substitutos y se produjera una rápida penetración del servicio. 34. Por ello, Ecopetrol debió diseñar esquemas de participación privada en que asumiera los riesgos. Se estructuraron los BOMT de tal forma que la tarifa a los contratistas fuera suficiente para recuperar la inversión, pagar la operación y el mantenimiento y obtener una rentabilidad aceptable. El esquema tarifario no permite recuperar los costos de construcción del sistema de transporte, obligando a Ecopetrol a subsidiar la diferencia entre las tarifas expedidas por la CREG y las tarifas que se le deben pagar al contratista del BOMT. 35. La participación de Ecopetrol en el sistema de transporte constituía un inconveniente para el desarrollo de un mercado competitivo. No era adecuado que una compañía del Estado, propietaria del 50% del gas que se produce en el país, fuera adicionalmente propietaria del sistema de transporte, por el riesgo de discriminación por parte de Ecopetrol en la determinación del gas a transportar. Por ello el Gobierno decidió crear en 1997 una empresa independiente de Ecopetrol (Ecogas), responsable del transporte de gas natural en el país y de todas las actividades concernientes al transporte de gas que se encuentran en cabeza de Ecopetrol. La compañía debió asumir el pago de los BOMT y los contratos de operación y mantenimiento realizados por Ecopetrol, 13 mientras que sus ingresos provendrán de la prestación del servicio público de transporte, a las tarifas definidas por la CREG. En la actualidad el gobierno nacional planea privatizar Ecogas. 36. La infraestructura de distribución de gas natural se desarrolló inicialmente a través de concesiones del estado, donde la empresa privada asumía los riesgos regulatorios y de mercado, con la garantía de ser el único prestador del servicio mientras se desarrolla el mercado. Las compañías de distribución domiciliaria de gas en operación son compañías privadas que iniciaron operación bajo este esquema de concesión. 37. Las compañías de distribución que existían en 1995 fueron conformadas inicialmente con capital de Ecopetrol a través de Colgas (subsidiaria de Ecopetrol), ya que la primera necesitaba disponer de una infraestructura para distribuir el gas de los yacimientos existentes. Aunque comenzaron con una participación importante por parte de Ecopetrol (Gases del Caribe, Gases de la Guajira, Alcanos del Huila, Surtigas y Gas Natural), tienen en la actualidad una participación mayoritaria del sector privado como resultado de la venta por Ecopetrol de sus participaciones accionarias en Gas Natural (60.2%), Invercolsa (52.5%), Surtigas (15%), Promigas (28.8%), Colgas (24.8%) y Gases de la Guajira (5%)). Por su participación en Promigas recibió USD95 millones; y por su participación en gas natural, USD149 millones. 38. En términos de participaciones accionarias, las empresas distribuidoras presentan un alto grado de interrelación entre ellas. Las empresas más grandes en términos de ingresos como Promigas S.A., Gases del Caribe y Gasoriente, han contribuído al desarrollo de las más pequeñas a través de inversiones directas. 39. El esquema mencionado de participación privada a través de concesiones fue revaluado por la Ley 142 de 1994, al eliminar el concepto de concesión. El esquema fue sustituido por dos alternativas: a) la empresa privada puede desarrollar un sistema de distribución sin licitación o permisos del gobierno nacional, con tarifas reguladas por la CREG. En este esquema el inversionista privado asume los riesgos comerciales y regulatorios, pero sin garantía de ser el único prestador del servicio; y, b) se crea el concepto de Áreas de Distribución Exclusiva. Bajo este sistema, y con el fin de ampliar las coberturas, el Estado le reduce el riesgo regulatorio al inversionista privado y garantiza que será el único prestador del servicio, disminuyendo el riesgo comercial. El riesgo regulatorio se reduce a través de un proceso licitatorio donde el ganador ofrece una tarifa, en vez de ser fijada por la CREG. 40. La construcción de la Red Nacional de Gasoductos permitió que el Gobierno abriera licitaciones para otorgar en concesión al sector privado seis zonas de servicio exclusivo para la distribución domiciliaria de gas natural: Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda, Cundinamarca-Boyacá, y Tolima - Centro. Estas zonas representan entre el 20% y el 25% del consumo de gas domiciliario en el país. C. Sector Telecomunicaciones 41. En telecomunicaciones la apertura de los diversos sub-sectores a la competencia, que arrancó en 1987, produjo un aumento fuerte de la inversión tanto pública como privada. Primero se liberalizaron los servicios de valor agregado, generando importante inversión privada. Le siguieron las concesiones de telefonía celular, que se otorgaron en 1994 y le generaron al fisco USD983 millones e incorporaron capital público y privado (nacional y extranjero). La prórroga de estas concesiones por 10 años más le generó al estado recursos adicionales por USD130 millones en 1997. Posteriormente siguió la telefonía local, en la que los mayores inversionistas públicos han sido Telecom, EPM y ETB, mientras que la participación privada se ha producido fundamentalmente a 14 través de los contratos de riesgo compartido de Telecom; el trunking, que se concesionó a empresas privadas; la televisión también entregada al sector privado mediante el pago por parte de dos empresas privadas de USD95 millones por licencia; la radiodifusión, con un sinnúmero de participantes privados; la telefonía de larga distancia, en la que ETB y Orbitel (esta última de carácter mayoritariamente privado) entraron en 1998 a competir con Telecom (el incumbente), cancelando al gobierno nacional cada una la suma de USD150 millones por el derecho a prestar el servicio; y, por último, los servicios de comunicación personal ­ PCS, cuya licencia fue otorgada a Colombia Móvil ­ OLA, empresa conformada por ETB y EPM y generó recursos al fisco por USDXXX millones. D. Sector Acueducto y Alcantarillado 42. El número total de empresas que prestan los servicios de acueducto y alcantarillado en el país es desconocido. A partir de la información disponible en la SSPD, se estima que los prestadores en las cabeceras municipales son alrededor de 1.300, mientras que para el área rural se estima que sobrepasan los 12.000. Esta atomización en el número de prestadores no significa una fragmentación similar en la atención de los usuarios del servicio: las 25 principales empresas atienden a más del 70% de la población urbana, que equivale a casi el 50% de la población nacional. Los activos del sector se concentran en un 82.8% en 5 empresas (Cuadro 14). Cuadro 14 Principales Empresas del Sector de Acueducto y Alcantarillado y Participación en los Activos, 2001 Variación Empresa Activos Anual 98-01 EAAB 34.3% 17.0% EMCALI 21.2% 13.0% EPM 19.9% 2.0% Triple A 3.4% 29.0% AyA Pereira 4.0% 9.0% Subtotal 82.8% 13.7% Total Sector 100.0% 12.0% Fuente: SSPD, Supercifras 43. En acueducto y alcantarillado los mayores inversionistas públicos han sido EAAB, EPM y Emcali. Parte de la inversión pública se ha financiado con recursos de transferencias de la Nación y créditos de entidades multilaterales. Los riesgos políticos, el desconocimiento del estado de las redes y la poca credibilidad en la política tarifaria y en los esquemas de subsidios no han permitido una participación privada más amplia en la expansión del sector. Algunas entidades siguen capturadas por congresistas y/o concejales y se resisten a ser reestructuradas. La participación privada se ha producido cuando ya las empresas presentan una situación financiera delicada. Además, esta participación por lo general se ha concentrado en la gestión (Cartagena, Santa Marta, Montería, Tunja, etc.), dejando la responsabilidad de las inversiones en manos de los gobiernos municipales. 44. Aguas de Barcelona S.A. ha tenido una presencia masiva en los procesos de transformación de empresas de acueducto y alcantarillado del país. Su participación se inició en Cartagena en 1994, donde le fue adjudicada la concesión para la operación del sistema por 25 años, siguiéndole posteriormente Barranquilla, Santa Marta, Puerto Colombia y Galapa. La participación privada se ha limitado en gran medida a la gestión de los servicios. Muy pocos recursos se han destinado a la expansión de los sistemas. Por ejemplo, en Cartagena y Barranquilla se crearon sociedades de 15 economía mixta para prestar el servicio, con Aguas de Barcelona como uno de los accionistas y, a la vez, socio operador. No obstante, la propiedad de los activos sigue siendo del municipio. E. Sector Transporte (vías, puertos, aeropuertos, ferrocarriles) 45. En el sector de transporte se ha utilizado ampliamente el mecanismo de concesiones para inducir la participación privada. En vías, la inversión privada se ha desarrollado a través del mecanismo de concesión de carreteras por peaje, cuya aplicación se inició en 1994. El gobierno estableció un Plan Vial (1995-1998) que contemplaba la construcción y pavimentación de 2.228 Km. y la rehabilitación de 2.234 Km. de las redes troncal y transversal por el esquema de concesiones. Estas incluyeron tres tipos de contratos para rehabilitar, construir y mantener las carreteras, dependiendo de las necesidades del tramo. La inversión privada ha observado tres fases, asociadas con las modificaciones que se han producido en los contratos de concesión (concesiones de primera, segunda y tercera generación). En las primeras generaciones (1994-1999) Invías adjudicó 13 proyectos con un costo de USD830 millones ($1.5 billones), que comprendían la construcción de 306 Km. y la rehabilitación de 1.220 Km. En la primera generación los riesgos de las inversiones no estuvieron adecuadamente distribuidos, generando costos fiscales importantes para la Nación. Se otorgan a los concesionarios garantías de construcción, comerciales (de tráfico), y regulatorias. Las primeras obligan al Estado, a través del Invías, a asumir su totalidad hasta un 30% de sobre costo y el 75% de sobre costo que vaya desde el 30 hasta el 50% del valor de las obras 11 horas. El Invías también asumió los riesgos cambiario y tributario; y la adquisición de predios y la atención de licencias ambientales quedaron a cargo de los concesionarios. 46. En la segunda generación de concesiones, los contratos se diseñaron distribuyendo mejor los riesgos y se proveyó información más confiable. Se estableció que los diseños de los proyectos debían estar listos antes de que se adjudicaran los contratos. Se autorizó al Invías a comprar predios y a obtener la licencias ambientales antes de culminar los diseños los riesgos de sobre costo de construcción se limitaron porcentualmente (por ejemplo, en 20% para nuevos proyectos), e Invías bus que se garantizan con vigencia futuras los pagos de la garantías otorgadas a los concesionarios. Como esto último no asegura la liquidez de las garantías, el Banco Mundial proveyó una garantía de liquidez (un crédito contingente a Invías) que actúa como un puente desde el momento en que se causa la garantía hasta que el Invías puede hacer el desembolso. El Banco también ofreció una garantía parcial de riesgos para proteger a los prestamistas del proyecto de un eventual rompimiento del contrato por Invías. Pero quizás los cambios más grandes que se introdujeron en la segunda generación fueron la introducción del criterio de valor presente esperado de los ingresos como un elemento de selección (junto con los de aportes del gobierno al proyecto y garantías solicitadas) y un límite de tiempo (de máximo 25 años) a la obtener este ingreso esperado. Si en ese tiempo no se ha tenido este ingreso, el período de concesión se alarga; si por el contrario ingreso esperado se obtiene antes, la vía se transfiere inmediatamente al estado. Asimismo, si el proyecto requiere obras adicionales, estas se financian aumentando los plazos de concesión. Este nuevo esquema se extendió a tercera generación de concesiones. 47. Las concesiones de primera generación más importantes fueron la autopista Armenia-Pereira- Manizales por un valor de USD179.9 millones, la concesión Bogotá­Cáqueza por un valor original de USD79.8 millones y el desarrollo del oriente de Medellín y el Valle de Rionegro por un valor de USD98 millones (Cuadro 15). La segunda generación de concesiones incluyó tan solo dos proyectos: la malla vial del Valle del Cauca por un valor de USD228.6 millones y la vía Tobía Grande ­ Puerto Salgar por USD289.5 millones. Esta última se encuentra detenida debido a un litigio que existe entre el gobierno y el concesionario. La tercera generación de concesiones ha incluido hasta la fecha tan sólo tres carreteras: Briceño-Tunja- Sogamoso, Bogotá-Girardot y Pereira-La victoria. Debido a que las carreteras que actualmente se encuentran concesionadas son 16 las que presentan tráfico importante, no se esperan nuevas concesiones en el sector vial en el corto plazo. Cuadro 15 Concesiones Viales Valor Fecha Plazo Nombre del Proyecto Original Suscripción (meses) (USD mill) Primera Generación Santa Marta - Riohacha - Paraguachón Agosto-94 195 28 Cartagena - Barranquilla Agosto-94 148 11 Los Patios - La Calera - Guasca y El Salitre - Sopó - Briceño Agosto-94 161 7 Bogotá - Cáqueza Agosto-94 192 80 Bogotá (puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Agosto-94 190 26 Malla vial del Meta Agosto-94 231 34 Girardot - Espinal - Neiva Julio-95 223 27 Desarrollo del Oriente de Medellín y Valle del Rio Negro Mayo-96 206 67 Desarrollo vial del Norte de Bogotá Noviembre-94 180 70 Fontibón - Facatativá - Los Alpes Junio-95 265 52 Armenia - Pereira - Manizales Abril-97 256 105 Subtotal 508 Segunda Generación Tobía Grande - Puerto Salgar Diciembre-97 295 289 Malla vial del Valle del Cauca Enero-99 240 179 Subtotal 468 Tercera Generación Briceño - Tunja - Sogamoso Bogotá - Girardot En Licitación Pereira - La Victoria Subtotal - Total 976 Fuente: Invías e INCO 48. La resistencia de los transportadores de las comunidades cercanas a pagar peajes, el terrorismo de la guerrilla y la oposición de la población a pagar valorización, son factores que han limitado el alcance de las concesiones viales. 49. Las enormes deficiencias en infraestructura vial han obligado también al sector público (Invías) a comprometer recursos complementarios de inversión en aquellas carreteras troncales de bajo tráfico. La transferencia de las responsabilidades de rehabilitación y mantenimiento de las carreteras departamentales a las regiones ha resultado en una parálisis de la inversión en ellas como consecuencia de la crisis fiscal territorial. En la construcción de vías urbanas se destaca la participación privada en la construcción de troncales de TransMilenio en Bogotá, inicialmente a través de contratos de obra pública y posteriormente a través un mecanismo tipo BOMT financiado con cargo a vigencias futuras. 50. En aeropuertos la inversión pública ha corrido por cuenta de la Aerocivil, con recursos del presupuesto nacional, de la tasa aeroportuaria y de los derechos de aeródromo. La participación privada se ha producido bajo el mecanismo de concesión para la operación de algunos aeropuertos importantes del país (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta) y para la construcción y mantenimiento de la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Los puertos más importantes del país (Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta) fueron entregados en concesión al sector privado, con la obligación de realizar inversiones importantes en su modernización. En el caso de los ferrocarriles se concesionaron las redes Bogotá-Santa Marta (a Ferrocarriles del Norte) y Cali-Buenaventura-La Felisa. El estado aportó recursos para la rehabilitación de estas redes y el concesionario las rehabilita y opera sin garantías. En el primer caso, el estado cedió el contrato de transporte de carbón de la Drummond al concesionario. El Cuadro 16 resume la información sobre las formas de 17 participación privada en los diversos sectores y sub-sectores de infraestructura y las entidades públicas que mas inversiones realizan. Cuadro 16 Consolidado de Participación Privada y Pública en Inversión en Infraestructura Forma de Participación Principales Sector Sub-sector Privada Inversionistas Públicos Energía Eléctrica Generación - Inversiones atadas a un Isagen, EPM PPA en térmicas pequeñas - Privatizaciones - Capitalizaciones Transmisión - BOT en Huila, Quindío y Tolima ISA, Transelca, EEB Distribución - Capitalizaciones (Codensa , EPM, Codensa Corelca Comercialización - Inversión Directa Gas Transporte - Inversión Directa Ecopetrol (Ecogas) - BOT Dist. Área Exclusiva - Concesión Dist. Área no Exclusiva - Inversión Directa -Ecopetrol Privatizaciones Telecomunicaciones Serv. Valor Agregado - Inversión Directa LDN y LDI - Concesión (Orbitel) ETB, Telecom Celulares y PCS - Concesiones BOOM ETB, EPM, Telecom Trunking - Concesión Telefonía Local - Inversión Directa -EPM, Telecom, ETB Joint Ventures Televisión - Licencia Radiodifusión - Licencia Acueducto y Tratamiento - Concesión (Tibitoc y Rio Alcantarillado Bogotá) Distribución - Sociedades de economía EAAB, EPM mixta prestadores de serv. con contratos de gestión Operación Comercial - Concesión Transporte Vías - Concesión Invías Puertos - Concesión e Inversiones Obligatorias Aeropuertos - Concesión 2da Pista Aerocivil - Concesión Operación Ferrocarriles - Concesión Ferrovías IV. EFECTOS FISCALES DE LAS GARANTÍAS GUBERNAMENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 51. En algunos sectores de infraestructura en los que la inversión se realizó vía public ­ private partnerships (energía, telecomunicaciones, vías) los contratos se basaron en estudios de mercado deficientes, que sobreestimaron el crecimiento de la demanda y en supuestos optimistas sobre crecimientos de tarifas; así mismo, se estructuraron con una distribución de riesgos inconveniente para las entidades públicas. Como resultado de ello, los ingresos de los proyectos han sido menores 18 a los esperados (y garantizados), debiendo asumir el sector público los costos de estas deficiencias, cubriendo las garantías. Se ha estimado que los costos fiscales de estas partnerships en los tres sectores mencionados podrían representar alrededor de cuatro puntos del PIB en valor presente, porcentaje que equivale a lo que el sector público invierte anualmente en infraestructura actualmente. 52. Fundamentalmente en tres áreas se han generado costos fiscales para la Nación como resultado del otorgamiento de garantías a proyectos de infraestructura: 1) en las concesiones de "primera generación" para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de algunas carreteras nacionales; 2) en los "contratos de riesgo compartido" de Telecom para la instalación de líneas de telefonía local; y, 3) en los contratos tipo PPA de generación de energía con contra-garantía de la Nación. Si bien en las entidades territoriales también se han generado costos fiscales como resultado de garantías otorgadas a proyectos de infraestructura (es el caso de las garantías otorgadas por la gobernación de Cundinamarca en contratos de concesión vial, o las otorgadas por la EAAB para la concesión de la planta de Tibitoc), en esta sección nos concentraremos en los efectos fiscales de las garantías de la Nación, en razón a la mayor disponibilidad de información. A. Costos Fiscales de las Garantías 1. Concesiones Viales 53. En el sector de vías se concesionaron once proyectos de carreteras nacionales en la "primera generación" de concesiones. Como se mencionó atrás, la Nación otorgó a estos proyectos garantías de sobre-costos de construcción y de ingreso mínimo. Factores como la caída en tráfico vehicular como consecuencia de la desaceleración económica de la segunda mitad de los noventa y la mayor inseguridad en algunas carreteras nacionales, deficiencias en estudios y diseños y el hecho de haberse pactado con algunas comunidades del área de influencia de los proyectos tarifas diferenciales para trayectos de corto recorrido, llevaron a que se hicieran efectivas las garantías otorgadas. Si bien los contratos contemplaron para estos casos otros dos mecanismos de compensación diferentes a la compensación directa con recursos del Invías, como son el aumento del plazo de operación y el aumento en tarifas, el primero no es factible cuando está comprometida la viabilidad financiera del concesionario y el segundo generó rechazo por parte de las comunidades. Por ello se debió acudir a la compensación directa. Cuadro 17 Cuadro 18 Garantías Pagadas en Concesiones Viales Valor Esperado del Pago de Primera Generación (USD millones) de Garantías de Ingreso Mínimo Año Valor en Concesiones Viales de Primera 1996 12.0 Generación (USD millones) 1997 31.4 Año Valor 1998 48.2 2003 46.4 1999 37.0 2004 48.0 2000 38.5 2005 49.8 2001 40.0 2006 51.6 2002 45.0 2007 53.4 2003 14.5 Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Fuente: DNP e Invías 54. El Cuadro 17 muestra las cifras sobre garantías de ingreso mínimo y de sobre-costos de construcción pagadas entre 1996 y 2003 por el Invías en el caso de los proyectos de la "primera generación" de concesiones. La suma pagada por garantías entre el 2001 y 2003 asciende a USD100 19 millones. El Cuadro 18 presenta por su parte una estimación del valor esperado del pago de garantías de ingreso mínimo para estas mismas carreteras para el período 2003-2007, realizada por el DNP. 55. Un estudio realizado en 1997 mostró que las concesiones viales presentan menores sobre costos y retrasos que los contratos de obra (Hidalgo, 1997). El retraso promedio era de 17 meses en los primeros, frente a 3.5 años a los segundos; y los sobre costos eran de 40% frente a 300%. 56. Como se mencionó atrás, las dos generaciones siguientes de concesiones viales mejoraron la distribución de riesgos entre el concesionario privado y el Estado. De las dos carreteras incluidas en la segunda generación de concesiones, una enfrentó disputas jurídicas sin haber comenzado las obras y la otra no ha generado costos fiscales. Finalmente, en relación con las tres carreteras incluidas en la tercera generación cabe mencionar que para una de ellas el Invías está aportando recursos al Fondo de Contingencias y las otras dos tienen ya definidos los planes de aportes. Anterior 2. Contratos de Riesgo Compartido de Telecom 57. La Ley 37/93 proporcionó el sustento jurídico para la realización de contratos de riesgo compartido entre el Estado y el sector privado. Telecom y sus teleasociadas firmaron un total de 21 contratos de este tipo con 6 compañías multinacionales: Alcatel, Ericsson, Itochu, NEC, Nortel y Siemens. La motivación de estos contratos fue el atraso técnico y la baja cobertura de la telefonía local existente a principios de los años noventa y una creciente competencia en este segmento del mercado por parte de empresas privadas y otras empresas públicas. Con los contratos se buscó instalar rápidamente nuevas líneas con el apoyo de socios internacionales. El Cuadro 19 presenta información sobre las líneas instaladas, vendidas y en servicio, relacionadas con estos contratos. Los asociados instalaron 1.590.747 líneas telefónicas. La infraestructura construida es propiedad de los asociados hasta la finalización de los contratos, momento en el que le transfiere a Telecom o a las teleasociadas, previo pago final que es actualmente, en varios casos, objeto de controversia (Conpes 3268/04). 58. En estos contratos Telecom aportó la infraestructura existente y se comprometió a administrar las nuevas líneas y el socio privado realizó la inversión en equipos y redes. Telecom garantizó un flujo de recursos determinado por el número de líneas, el cual aseguraba una rentabilidad del 12% en dólares. Al parecer no hay claridad en los contratos sobre si el flujo de recursos se garantiza con base en las líneas instaladas o en las líneas vendidas. El asociado asumió los riesgos de sobre-costos de instalación. Si los ingresos eran inferiores al 90% de los proyectados, Telecom debía compensar al socio; si eran superiores a lo previsto en los contratos, la diferencia la recibía Telecom. El asociado normalmente recibía el 100% de los ingresos por cargos de conexión y entre el 50% y el 100% de los cargos por servicio (Telecom ha recibido en promedio el 15% de estos últimos). Los contratos previeron tres mecanismos de compensación al asociado: 1) aumento de los plazos de explotación; 2) aumento en la participación en los ingresos u otras condiciones del contrato; y, 3) pago en efectivo al finalizar el contrato. 20 Cuadro 19 Contratos de Riesgo Compartido de Telecom Líneas Líneas Líneas Líneas Líneas en Socio Contrato Año LS/Linst Linst/Lcont Estimadas Contratadas Instaladas Vendidas Servicio Alcatel - Telfin C-024 1993 29,296 29,296 29,296 21,201 21,201 72% 100% Alcatel - Sesa C-027 1993 267,882 258,552 258,552 237,130 220,148 85% 100% Nortel C-025 1993 308,046 308,046 308,046 271,095 225,152 73% 100% Siemens - Centelsa C-017 1994 86,350 86,350 84,644 83,371 81,209 96% 98% Siemens C-017A 1994 18,700 18,700 18,700 20,405 15,690 84% 100% Ericcson - Capitel C-061 1995 110,000 110,000 102,280 59,940 59,940 59% 93% NEC - Teleconsorcio C-060 1995 110,000 110,000 96,594 76,420 69,038 71% 88% Nortel C-058 1995 110,000 85,000 62,380 33,341 27,996 45% 73% Nortel C-058 1995 110,000 110,000 100,725 84,007 82,053 81% 92% Siemens C-062 1995 110,000 77,272 72,272 48,882 47,446 66% 94% Alcatel - Telebachue C-019 1996 65,800 49,031 41,856 41,758 38,140 91% 85% Itochu - Colombiatel C-016 1996 31,540 27,070 25,922 24,977 22,812 88% 96% NEC - Teleconsorcio C-018 1996 97,400 94,800 94,800 80,681 80,681 85% 100% NEC - Teleconsorcio AD1 C-018 1996 36,093 39,000 39,700 31,261 31,261 79% 102% NEC - Teleconsorcio AD2 C-018 1996 75,371 77,700 88,700 57,532 57,532 65% 114% Nortel C-020 1996 36,700 36,700 35,868 33,442 32,214 90% 98% Ericcson - Pereira C-014 1997 75,000 75,000 - - - 0% 0% NEC C-015 1997 75,000 51,500 50,500 25,026 25,026 50% 98% Nortel C-018 1997 200,000 71,736 71,736 38,716 38,716 54% 100% Siemens - Manizales C-016 1997 50,000 28,012 8,176 7,404 5,132 63% 29% Siemens - Medellín C-016 1997 100,000 60,304 - - - 0% 0% Suma 2,103,178 1,804,069 1,590,747 1,276,589 1,181,387 66% 84% Fuente: Ministerio de Hacienda y Telecom 59. En la práctica surgieron importantes diferencias entre: a) las proyecciones y el comportamiento observado de las variables macroeconómicas; b) las líneas instaladas, las vendidas y las utilizadas (Cuadro 19); c) la composición por estratos socioeconómicos de la demanda de líneas y la composición proyectada; y, d) las tarifas y tráficos esperados y los efectivos. Estas diferencias se reflejaron en una reducción significativa de los ingresos, activando las garantías otorgadas por Telecom. 60. Si bien Telecom tenía la posibilidad de emplear los otros mecanismos de compensación contemplados (diferentes al desembolso directo), estos son inconvenientes o no viables. Si se extendiera el plazo de explotación, los asociados reclamarían que Telecom se comprometiera con las líneas proyectadas, lo que sería mas oneroso para la empresa; y aún aumentando la participación de los asociados en los ingresos, no se equilibra el modelo financiero (Reyes, 2002). 61. Los contratos en disputa se encuentran en tribunal de arbitramento, para dirimir las diferencias entre las partes, que están asociadas fundamentalmente con la base de cálculo de los valores de salvamento. Si estos se calculan con base en las líneas vendidas, posición defendida por Telecom, esta probablemente deberá pagar a los asociados una suma cercana a los USD700 millones; pero si se calculan con base en las líneas proyectadas, Telecom deberá pagar USD1.600 millones (DNP, 2003). La tercera alternativa es la de pagar con base en las líneas instaladas, para lo cual tendría que pagar alrededor de USD1.000 millones (DNP, 2003). Lo cierto es que según la última información disponible, a noviembre de 2003 los asociados habían recibido por participaciones en ingresos la suma de USD1.189 millones. Las reclamaciones de los asociados ante Telecom dentro del proceso de liquidación de los contratos asciende a USD1.469 millones y ante las Teleasociadas es de USD146 millones, para un total de USD1.615 millones. Las sumas no incluyen el valor de la pretensión de Ericsson por USD192 millones, que no presentó reclamación en la liquidación (Conpes 3268/04) 21 62. El primer contrato que llegó a tribunal de arbitramento fue el C-025 de 1993 suscrito con Nortel. Este reclamó USD95 millones por concepto de un anticipo sobre el valor de rescate pactado en el contrato. En abril de 2001 el tribunal estableció que Telecom debía pagar al asociado la suma de USD72 millones. Telecom no hizo el pago y llevó el asunto al Consejo de Estado. En los demás contratos está buscando conciliar con los asociados por una suma cercana a los USD300 millones. 3. PPA's de Energía 63. Como se señaló atrás, el Gobierno Nacional, a través de la FEN, garantizó el pago por concepto de la compra de energía a proyectos de generación por valor de USD3.139,2 millones, como medio para impulsar rápidamente la inversión privada. En el Cuadro 20 se muestran los pagos realizados por concepto de garantías en los contratos PPA de Termopaipa, Termoflores y Termobarranquilla (TEBSA) para el período 1993-2002; así mismo se detallan las sumas que la Nación estima pagar con recursos del Presupuesto Nacional por concepto de estas garantías. Cuadro 20 Garantías y Pagos de la FEN por los PPA's Garantizados por Esta (USD millones) Termobarranquilla (TEBSA) Termoflores Termopaipa IV Año Garantía Pago /2* Garantía Pago /2 Garantía Pago /2** 1993 20.9 1994 31.4 - 1995 2.2 31.4 - 1996 28.3 31.4 - 1997 73.0 31.4 - 1998 128.6 31.4 - 1999 131.4 87.4 31.4 - 45.5 13.8 2000 130.9 126.9 31.4 - 45.5 49.0 2001 131.8 135.1 31.4 - 45.5 37.7 2002 131.9 123.8 31.4 - 45.5 31.5 2003 89.1 107.8 31.4 - 45.5 32.0 2004 79.0 76.8 31.4 - 45.5 40.0 2005 75.1 66.0 31.4 - 45.5 40.0 2006 71.3 63.0 31.4 - 45.5 40.0 2007 68.3 59.9 31.4 - 45.5 40.0 2008 63.8 56.4 - 45.5 40.0 2009 32.8 43.0 40.3 35.8 2010 17.0 28.8 40.3 35.5 2011 2.6 40.3 35.5 2012 40.3 35.5 2013 40.3 35.5 2014 3.0 Total 1,254.5 977.6 460.5 - 656.5 544.8 Fuente: FEN /1 No se incluyen pagos por concepto de energía /2 Hasta el año 2002 son cifras históricas. Proyecciones a partir de 2003 * Las garantías anuales cubren el período abril-abril, por lo que aparece la proyección de un pequeño monto de pagos para el año 2011 ** Las garantías anuales cubren de enero 7 a enero 6 del siguiente año, por lo que aparece la proyección de un pequeño monto de pagos para el año 2014 64. La garantía a Termopaipa consiste en un convenio de respaldo firmado, entre otros, por el Ministerio de Hacienda, pero que no fue reconocido como instrumento formal de garantía. A partir de lo anterior se produjo un pleito legal entre la FEN y la Nación; sin embargo, ya existen instrucciones para llegar a un acuerdo, debido a que el gobierno nacional ya ha honrado otras obligaciones de la FEN, por lo que es probable que se presente un cruce de cuentas en esta 22 negociación. Por otra parte, la Nación nunca ha tenido que honrar la garantía de Termoflores, sino que esta es pagada por Corelca con sus propios recursos. 65. Como se observa en el Cuadro 20, el total garantizado fue de USD2.4 billones, de los cuales el 53% corresponde a TEBSA, el 28% a Termopaipa y el restante 19% a Termoflores, mientras que se proyecta hacer pagos por USD1.5 billones, de los que el 64% corresponde a TEBSA y el 36% a Termopaipa. No se proyectan pagos para la garantía de Termoflores. B. Costos de Proyectos con Garantías Públicas vs. Costos de Provisión Pública 66. Si bien las public-private partnerships en los tres sectores mencionados han recibido fuertes críticas por sus costos fiscales, estos no parecen ser elevados en los sectores de vías y telecomunicaciones. Además, la discusión de estos mecanismos debe superar la etapa del escándalo y enfocarse en determinar si aún con el pago de garantías los proyectos le costaron al sector público menos de lo que hubieran costado si se desarrollan sin participación privada. Es claro que el sector público enfrenta costos financieros más bajos que el sector privado, pero este último puede obtener financiación menos costosa si está atada a proyectos garantizados; así mismo, los costos de construcción pueden ser mucho mas bajos en el caso privado que en el público y los retrasos menores, como se señaló para el caso de las carreteras en concesión. 67. En el caso de los Joint-Ventures de Telecom el país podría terminar pagando a los asociados unos USD1.500 millones, lo que significa USD500/línea telefónica, valor similar al costo de una línea en otras partes del mundo. En relación con las carreteras en concesión, y no se han hecho comparaciones recientes, estudios de 1997 mostraban sobre costos muy superiores del esquema de provisión pública o del contratos de obra pública. Claramente en el sector energético los PPA's si han resultado mucho más costoso, los precios en bolsa de la energía han sido en los últimos años muy inferiores a los garantizados en los contratos. V. INSTITUCIONES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 68. El tipo de arreglo institucional que existe dentro del sector público para evaluar y seleccionar proyectos de inversión es diferente de si la entidad que piensa ejecutar el proyecto es del orden nacional o del local, y si hace parte del Presupuesto General (es decir, si es una entidad del Gobierno Nacional o un establecimiento público), o su estatus es el de empresa pública (ya sea EICE, Sociedad de Economía Mixta o ESE), que no hace parte del Presupuesto General. El arreglo denominado BPIN aplica a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y a aquellos proyectos locales que se financian con recursos de regalías y de transferencias de la Nación diferentes a las de la Ley 715/01 (antes Ley 60/93). Un esquema similar aplica a nivel local en aquellas pocas entidades territoriales que han desarrollado bancos de proyectos en cumplimiento de la ley (es el caso de Bogotá, por ejemplo). Para el caso de las empresas públicas, es generalmente la oficina de planeación de la empresa la que formula el proyecto y la Junta Directiva de esta la que lo evalúa, si este supera un monto de inversión establecido por la Junta Directiva. En el caso de las EICE y las ESE, si los proyectos involucran vigencias futuras deben ser aprobados tanto por las Juntas como por el Confis nacional o local. A. Proyectos de Inversión Financiados por el Presupuesto General de la Nación 69. La Ley 38/89 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) creó el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) como un "conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente 23 evaluadas social, técnica y económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación" y que podrían ser financiadas por el Presupuesto General de la Nación (PGN). La misma Ley le asignó al DNP y al Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo (FONADE) la tarea de reglamentación del BPIN. El Decreto 2410/89 (de reestructuración del Departamento Nacional de Planeación) lo puso a depender de la Unidad de Inversiones y Finanzas Públicas (UIFP) del DNP y el Decreto 841/90 reglamentó su funcionamiento. Dicho Decreto también ordenó al DNP la creación de la Red Nacional de Bancos de Proyectos, "conformada por los Bancos de Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territoriales del sector público, tanto central como descentralizado". 70. El Decreto 841 definió como proyecto de inversión "el conjunto de acciones que requiere de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se compite con otros proyectos...". Incluyó dentro de esta definición los siguientes proyectos: · Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de bienes o servicios; · Proyectos que cumplen una función de recuperación de la capacidad generadora de beneficios directos, tales como actividades de alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación de enfermedades, vacunación, de atención a la mujer, a la niñez o a la tercera edad; · Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero permiten identificar futuros proyectos. Estos son los estudios básicos o de investigación; · Proyectos que cumplen una función crediticia, que tienen como finalidad financiar proyectos de los tipos contemplados en los puntos anteriores, en el transcurso del año de ejecución. Para éstos se aprueban montos globales y corresponderá al organismo o entidad ejecutora definir los proyectos que se habrán de financiar así; · Excepcionalmente se podrán registrar como proyectos de inversión las partidas destinadas al pago de garantías otorgadas por la Nación, en relación con créditos concedidos a terceros, que se hayan hecho efectivas, siempre y cuando dichos créditos se hayan perfeccionado con anterioridad a diciembre 31 de 19914. Esta definición incluye proyectos de inversión que en sentido estricto no constituyen formación bruta de capital fijo. 71. Los proyectos son formulados por la entidad que los va a ejecutar. En esta etapa se debe diligenciar un formulario conocido como ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI), que incluye la información esencial del proyecto. La información más relevante sobre el proyecto, incluida en este formato, responde a las preguntas sobre concordancia con los objetivos de política, ubicación física del proyecto, principales actividades a realizar, costos y financiación, área de influencia e indicadores y estudios que respaldan el proyecto (perfil, diseños, factibilidad, etc.). Los dos últimos numerales tienen que ver con el concepto de viabilidad (definición del problema, pertinencia de la alternativa de solución presentada, razonabilidad de los costos y concordancia con las funciones de la entidad ejecutora) y con el control posterior. La ficha EBI para entidades territoriales tiene además una pregunta sobre el impacto ambiental del proyecto. 72. Una vez formulados por la entidad interesada, deben ser revisados por una entidad administrativa distinta a la que los remite, de acuerdo con las competencias establecidas (ver cuadro siguiente), con el fin de ejercer un control técnico de la evaluación. "El control se refiere exclusivamente a la utilización correcta y completa de las metodologías establecidas en el Manual 4Posteriormente, el Decreto 2240 de 1991 modificó este literal y estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 1993. 24 de Operación y Metodologías del Banco de Proyectos de Inversión Nacional" (Decreto 841/90, Art. 10). Responsabilidades de Control de los Proyectos a Inscribirse en el BPIN Origen del Proyecto Quién lo Revisa Municipios y Distritos Oficinas de planeación de los departamentos Departamentos* Unidad técnica del CORPES respectivo Oficina de Planeación o quien haga sus veces en el Ministerio o Entidades Adscritas o Vinculadas del Orden Nacional Departamento Administrativo al cual estén adscritas o vinculadas Ministerios, Departamentos Administrativos del Orden Unidad Técnica correspondiente del DNP o por quien haga sus veces en Nacional, CORPES, CGR, Procuraduría, Registaduría, Distrito el organismo o entidad en quien se haya delegado la función de evaluar Capital y algunas capitales departamentales la viabilidad del proyecto * Incluye antiguas Intendencias y Comisarias Fuente: Decreto 841/90 - Art. 12 73. En el caso en que el proyecto tenga origen en una entidad del gobierno nacional, la Unidad de Inversiones y Finanzas Públicas ­UIFP- del DNP es la responsable del control posterior a los conceptos de viabilidad y de calificar la viabilidad de los programas de cofinanciación y de aquellos programas y proyectos considerados de interés nacional o cuya cuantía sea superior a 20 millones de dólares. Cuando el proyecto se origina en los municipios, distritos, departamentos o entidades adscritas o vinculadas del orden nacional, las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces son responsables de: · Brindar asistencia técnica en los procesos de identificación, formulación y evaluación de programas y proyectos; · Calificar la viabilidad de los programas y proyectos de sus sectores respectivos; · Liderar los ejercicios de seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos del ministerio o departamento administrativo y del sector respectivo. 74. Una vez realizada la evaluación técnica, económica y social de los proyectos, la entidad que ejerce el control tiene un mes de plazo para remitir el proyecto al BPIN si lo encuentra ajustado a lo establecido en los manuales de operación y procedimientos5; si no es viable, el proyecto se devuelve al origen, especificando todos los ajustes que sean necesarios para garantizar su viabilidad. El registro del proyecto de inversión es responsabilidad última de la unidad técnica que corresponda en el DNP, una vez el proyecto haya sido calificado como viable. 75. Luego de ser registrados en el BPIN, los proyectos de inversión son priorizados por un comité técnico conformado por la unidad técnica correspondiente del DNP, los ministerios y las entidades involucradas en la formulación del proyecto. En esta etapa la ficha EBI permite estudiar si existe más de un proyecto que busque satisfacer las mismas necesidades; en caso de ocurrir lo anterior, se entra en un proceso de negociación (máximo 1 mes) entre las entidades que formularon dichos proyectos y la unidad técnica del DNP a "fin de coordinar sus acciones, integrando y complementando los objetivos". En caso de no llegarse a un acuerdo, la unidad técnica del DNP determinará el proyecto que tendrá prelación para su incorporación en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), identificando los demás con un código especial como proyectos alternos. Los proyectos priorizados son incluidos en el proyecto de presupuesto que es llevado al Congreso de la República para su discusión. 5En ese momento la unidad técnica del DNP realiza una nueva evaluación (tiene una semana para ello) antes de incluir el proyecto definitivamente en el BPIN. Incluso en este punto se puede determinar la no viabilidad del proyecto. 25 76. El registro de los proyectos de inversión puede hacerse durante todo el año; sin embargo, sólo se incluyen en el POAI aquellos proyectos que hayan sido registrados a más tardar el 1º de enero del año anterior al que se está programando (Decreto 1569/91)6. 77. El seguimiento ex-post de los proyectos de inversión que hacen parte del PGN debe consistir en la verificación del cumplimiento eficaz de las metas financieras y físicas programadas, así como de la "inclusión de las partidas presupuestales de funcionamiento una vez entre en operación el proyecto...". El Manual de Operación y Metodologías del BPIN contiene las metodologías para el seguimiento de los proyectos, así como los plazos para remitir la información que con tal fin se requiera. La información que en cumplimiento de dichas metodologías deban remitir los organismos y entidades tiene carácter obligatorio, tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a la oportunidad de su remisión. 78. El BPIN puede hacer seguimiento a proyectos específicos de las EICE's, Sociedades de Economía Mixta o entidades privadas que administren recursos públicos, cuando así lo disponga el CONFIS. Cuando se trata de proyectos que involucran vigencias futuras se requiere del aval del Ministerio de Hacienda con relación a la evaluación de la viabilidad del proyecto. 79. Con el ánimo de facilitar las labores relacionadas con la programación y la gestión de la inversión en las entidades territoriales, se diseñó el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (SSEPI), dirigido en primer lugar a los funcionarios de los Bancos de Programas y Proyectos de las oficinas de planeación en los departamentos, municipios y distritos y de las secretarías sectoriales. La Subdirección de Programación y Seguimiento del Sector Central (SSCP) del DNP coordina los procesos de programación presupuestal, análisis y seguimiento presupuestal y financiero a la inversión pública. 80. En el pasado los procesos de evaluación y selección de proyectos de inversión se han apartado en algunos casos de los procedimientos mencionados. Algunos proyectos han sido inscritos en el BPIN como resultado de la presión de los ministros o del Presidente. En otras ocasiones el Congreso de la República logra que se incluyan nuevos proyectos de inversión en la Ley de Presupuesto sin que estos hayan sido previamente inscritos en el BPIN y la evaluación de su viabilidad se realiza ex­post y como un mero trámite. En los casos en que los proyectos son inconvenientes pero terminan inscribiéndose en el BPIN por razones políticas, el DNP salva su responsabilidad mediante el condicionamiento de su ejecución al cumplimiento de ciertos requisitos. 81. Un ejemplo reciente de un proyecto de inversión que siendo considerado no viable fue finalmente aprobado por el CONPES es el del aeropuerto de Palestina (Caldas). El documento Conpes 3270 de febrero 16 de 2004 muestra claramente que el proyecto tan sólo sería sostenible financieramente si se cobra una sobretasa aeroportuaria muy elevada, que convertiría al aeropuerto en el más caro del país y si se genera un tráfico de pasajeros muy optimista. En segundo lugar, el documento muestra que desde el punto de vista técnico no se requiere un nuevo aeropuerto en la región, pues existen tres aeropuertos (Matecaña de Pereira, El Edén de Armenia y Santa Ana de Cartago) que pueden servir al área de influencia del nuevo aeropuerto. Otro de los argumentos que busca justificar la construcción del aeropuerto de Palestina es que el actual aeropuerto (La Nubia) no puede proveer servicio nocturno; sin embargo, algunos de los aeropuertos alternos disponen de este servicio. En tercer lugar, cerca de la mitad del costo del proyecto lo constituye el movimiento de tierras, lo que genera dudas sobre la adecuada selección de la ubicación geográfica del aeropuerto. Por último, el proyecto se estaría financiando con un crédito destinado a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto, que no tiene costo financiero pero que obliga a 6En el Decreto 841/90 se estableció la fecha del 1º de febrero. 26 adquirir los bienes y servicios que el aeropuerto requiere en el país prestamista y a que el proyecto sea ejecutado por empresas de ese país. A pesar de estos inconvenientes, el CONPES aprobó otorgar garantías de la Nación a dos entidades de fomento del nivel territorial (Inficaldas e Infimanizales), entidades que aparentemente no son buen riesgo crediticio, para endeudarse en USD20 millones para ejecutar el proyecto. 82. La capacidad de las entidades ejecutoras para formular y sustentar los proyectos de inversión es heterogénea. Al parecer hay algunas entidades con una alta capacidad de formulación de proyectos (Invías, por ejemplo) y otras que requieren que el mismo DNP las asesore en esta labor. Así mismo, el DNP cuenta con un número de funcionarios muy limitado para evaluar un gran volumen de proyectos, cuyo trámite generalmente se concentra en los últimos días del año. Adicionalmente, no se está haciendo evaluación ex­post de los proyectos, salvo en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal de estos. Tan sólo aquellos proyectos financiados con recursos de entidades multilaterales exigen evaluación ex­post. Tampoco hay rendición de cuentas sobre los resultados de los proyectos. B. Proyectos de Inversión de las Empresas Públicas del Orden Nacional 83. Respecto a la evaluación y selección de proyectos de inversión en las empresas públicas del orden nacional, un documento reciente del DNP (2003) que analiza los presupuestos de inversión de estas empresas señala que los proyectos "generalmente no están sustentados en estudios que demuestren su viabilidad en los aspectos técnico, económico y financiero, lo cual se refleja en cambios frecuentes en la asignación de los recursos durante una misma vigencia" y en "la presentación reiterada de proyectos que han sido aprobados en vigencias anteriores, los cuales han sido aplazados o desfinanciados para la ejecución de otros proyectos menos importantes pero más urgentes". Muchos de los proyectos que estas empresas aplazan periódicamente "son prioritarios y estratégicos para su sostenibilidad" (DNP, 2003). 84. El mismo documento señala para las empresas del sector eléctrico que "los presupuestos de inversión...no están enmarcados en planes empresariales integrales" que obedezcan a "estrategias y objetivos", comentario que puede ser generalizable a la mayoría de las empresas públicas. De hecho, con respecto a las empresas públicas del sector minero se señala que estas "desconocen el impacto que tienen sus inversiones en la generación de valor y no se cuenta con un Plan Estratégico de Inversiones a mediano y largo plazo" (DNP, 2003). 85. Con respecto a las evaluaciones ex­post de los proyectos de inversión, el docuemnto afirma que "una alta proporción de las empresas carece de información histórica sobre sus inversiones, por lo cual no conocen con exactitud los resultados de proyectos iniciados en años anteriores y menos su impacto en las diferentes áreas de la empresa" (DNP, 2003). VI. EL USO DE FONDOS ESPECIALES PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA A. Ventajas y Desventajas de los Fondos Especiales 86. Quienes han estudiado el tema entienden como "fondo especial" (o "fondo dedicado", según algunos autores) un fondo con carácter extra-presupuestal que se financia con algún recurso de destinación específica proveniente del mismo sector al que se destinan los recursos, generalmente vía "user charges" y que es administrado por alguna entidad creada específicamente para gestionar esos recursos (Potter, 1997). Entendido así, para algunos autores el uso de fondos especiales para 27 realizar inversiones en infraestructura tiene las siguientes desventajas (Potter, 1997): a) no permite un efectivo control del gasto. En algunos casos los fondos se crean para eludir los procedimientos presupuestales establecidos y evitar los controles y para desviar los recursos a otros usos; b) distorsiona la asignación de recursos entre las prioridades de gasto. Al comprometer algunas fuentes de recursos en actividades específicas se le quita flexibilidad al gobierno para asignar y reasignar recursos en el margen de acuerdo con las prioridades; y, c) es incompatible con un eficiente manejo financiero y de la caja. Con la existencia de fondos especiales el gobierno no dispone de los recursos de estos fondos de manera libre para resolver eventuales problemas de liquidez. 87. Con respecto a la primera desventaja, en Colombia la Constitución prohíbe crear fondos que se manejen por fuera del presupuesto. Con respecto al segundo argumento, quienes defienden la existencia de estos fondos señalan que tan sólo mediante "earmarking" se pueden asegurar recursos ciertos, estables y suficientes para el objetivo establecido y que de esa forma los recursos no están expuestos a cambios de gobierno ni a recortes inconvenientes durante procesos de ajuste. 88. Un ejemplo clásico en relación con este último argumento es el de los fondos especiales para el mantenimiento de vías. En la gran mayoría de países el mantenimiento vial es considerado una actividad de baja prioridad política, en la que los costos de un mantenimiento inadecuado no son observables inmediatamente. Por ese motivo gobiernos "miopes" tienden a recortar primero los gastos de mantenimiento cuando deben ajustar sus presupuestos. La miopía política impide desarrollar una actividad con altas tasas de retorno. 89. Otra de las ventajas que para algunos analistas tienen los fondos especiales con características como las arriba mencionadas, es que si se financian con cargos a los usuarios, ello crea una "hard budget constraint" y posibilita asociar el volumen y calidad del servicio con estos cargos (que deben relacionarse con el grado de uso de las vías, por ejemplo), lo que permite una clara rendición de cuentas. 90. Potter (1997) ha señalado que aquellos países que tienen arreglos presupuestales inadecuados, en los que el manejo de los recursos no es transparente y su asignación no refleja una priorización del gasto, enfrentan dos alternativas: a) cambiar los arreglos presupuestales y sujetar los recursos al proceso presupuestal normal; o, b) crear un fondo especial. Si se opta por la segunda alternativa, estos fondos deberían cumplir con ciertos requisitos organizacionales y financieros que permitan garantizar al gobierno un uso eficiente de los recursos, good governance, control financiero efectivo y ausencia de interferencia política. 91. Estos requisitos son entre otros los siguientes (Potter, 1997): a) los fondos deben ser administrados por una agencia que compre los bienes y servicios, no que los produzca y el productor y vendedor debe ser el sector privado; b) los fondos deben ser administrados por una junta administradora con significativa presencia del sector privado, pero con independencia de los intereses de este; c) el gobierno debe tener acceso automático a los fondos por razones de manejo de caja; d) deben implicar una alto grado de recuperación de costos a través de cargos por uso; y, e) su administración debe adoptar un marco de gestión por objetivos y medición del desempeño y contar con una auditoría externa independiente. Si se cumplen estas condiciones, los fondos especiales tendrían las características deseables de una agencia que recomiendan los modelos principal-agente y podrían disfrutar de la libertad para enfocarse en el logro de los objetivos y alcanzarlos de manera eficiente y efectiva. 92. Estas "características deseables" se utilizan en el presente documento como marco de referencia para evaluar el diseño y el desempeño de los fondos especiales existentes en el país, en cuanto a su capacidad para evaluar y seleccionar proyectos de inversión en infraestructura. 28 B. Los Fondos Especiales en Colombia 93. En Colombia en la mayoría los casos los fondos especiales son Fondos Cuenta (mecanismos de financiación) y no cuentan con una estructura organizacional para su manejo (la excepción importante es el Fondo Nacional de Regalías), sino que son manejados por el ministerio o entidad para la cual se apropian los recursos. 94. En Colombia existen en la actualidad 55 fondos especiales, a través de los cuales se manejaba en 2004 un presupuesto de aproximadamente $2.5 billones y disponían de un stock de recursos de aproximadamente $6 billones. Los mayores son el FOSYGA ($772 mil millones de presupuesto en 2004) y Fondo de Solidaridad Pensional ($178 mil millones). Alguna estos fondos, quizás los más importantes cuantitativamente, fueron creadas por la constitución (y requerirían cambiar esta para modificarlos) y la gran mayoría fueron creados por ley. 95. Su creación como fondos financiados mediante gravámenes que no constituyen ingresos corrientes (y no son mercados dados por la DIAN) respondió al objetivo de no incluirlos dentro de la base de cálculo del estas carencias de la Nación a las entidades territoriales, y no disminuir su monto. 96. Las normas de creación de estos fondos no permiten que el gobierno los utilizan para resolver problemas de liquidez. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha tendido a presupuestar año a año sumas inferiores a las correspondientes a los ingresos que efectivamente recibidos por estos fondos, ya sea porque no hay espacio fiscal para ejecutarlos en su totalidad o por qué, según Minhacienda, la ejecución ha sido al pasado. Por ejemplo, en el presupuesto 2004 se apropiaron $20,000 millones para el FAZNI y $10,000 millones para el FAER, sumas mucho menores a los recursos disponibles por estos fondos. Para prevenir la financiación de otros gastos públicos con los recursos no presupuestados, la Ley 788/02 (artículo 105) estableció que el Gobierno no podía disponer de los recursos de estos fondos para la compra de TES y que su ejecución no podía ser aplazada o congelada. La norma no aplica, sin embargo, a los demás fondos especiales. En aras de la unidad de caja, lo ideal sería que el Gobierno pudiera disponer efectivamente de los recursos no utilizados por cada uno de los fondos. 97. Para cubrir el problema de ausencia de unidad de caja con los recursos de estos fondos, el Gobierno propuso en el artículo 36 proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto lo siguiente en relación con aquellos fondos que no tienen protección constitucional: "Con el recaudo del presupuesto de rentas y financiamiento se atenderá, en forma centralizada, el pago oportuno de las obligaciones autorizadas en el Presupuesto Nacional. En consecuencia, los recursos de destinación específica que hagan parte del Presupuesto Público Nacional y que en la actualidad administre o que en lo sucesivo llegare a administrar la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, harán unidad de caja con los demás recursos del Tesoro Nacional y no podrá constituirse portafolios de inversión independientes. La destinación de los recursos previamente establecida en la ley, se mantendrá a través de las apropiaciones presupuestales requeridas para su ejecución. Este principio también se aplica a los establecimientos públicos respecto a sus rentas propias. En las entidades territoriales no se podrá hacer unidad de caja con las rentas que por Constitución, ley o acto administrativo particular, tengan destinación específica". 1. Fondo de Apoyo Financiero para el Energización de las Zonas no Interconectadas ­ FAZNI 29 98. La Ley 633 de 2000 (Artículos 81 al 83) y el Decreto Reglamentario 2884 de 2001 crearon y reglamentaron el FAZNI. El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura eléctrica en las zonas no interconectadas (ZNI), propuestos y presentados por las entidades territoriales (alcaldes y gobernadores cuando se trate de redes de sub- transmisión o interconexión regional), por las Empresas Prestadoras del Servicio de Energía Eléctrica y por el Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE). El FAZNI financia inversiones tanto en construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica, como en reposición o rehabilitación de la existente. Los recursos se deben asignar de acuerdo con las políticas de energización de las ZNI que determine el Ministerio de Minas y Energía y los planes, programas y proyectos deben estar definidos como inversiones prioritarias en los Planes de Desarrollo Territorial. La distribución de los recursos del FAZNI debe basarse, entre otros criterios, en el NBI del servicio domiciliario de energía eléctrica de la población a la que se dirige el proyecto y en el impacto ambiental, social y económico de los planes, programas y proyectos (Decreto 2884/01, Art. 5). 99. "El FAZNI es un fondo cuenta especial (del Ministerio de Minas y Energía) de manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales vigentes aplicables al mismo" (Ley 633/00, Art. 82). 100. Se financia con una contribución de un peso ($1) por Kw./h despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, valor a pagar por los generadores de energía, que se ajusta anualmente con el IPP y que se aplicará hasta diciembre 31 de 1997 (Ley 633/00, Art. 81). "A este fondo también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales" (Ley 633/00, Art. 82). Entre 2001 y 2004 ha recibido ingresos promedio de USD8.5 millones anuales, mientras que su ejecución fue de USD5.8 millones en 2003. Los recursos invertidos en TES ascienden a USD9.9 millones y cuenta con un stock de USD7.8 millones (Cuadro 21). Cuadro 21 Operación del FAZNI (USD millones de 2003) 2001 2002 2003 2004 Presupuesto Ingresos 15.8 5.6 5.8 6.8 Presupuesto Gastos de Inversión 15.8 5.6 5.8 6.8 Ejecución Presupuestal 0.0 0.0 5.8 0.0 Stock 14.9 17.2 17.6 7.8 Inversiones en TES 0.0 8.7 1.2 0.0 101. El FAZNI, tiene un Comité de Administración (CAFAZNI) integrado de la siguiente manera: 1. El Ministro de Minas y Energía o su delegado, quien lo preside; 2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado; y, 3. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. El Comité puede invitar a sus reuniones a funcionarios del IPSE, de la UPME, o de cualquier entidad que considere pertinente o necesario para analizar asuntos de su competencia. El control fiscal a la ejecución de los recursos del fondo es ejercido por la Contraloría General de la República. 102. El Comité tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos que por intermedio de su secretario (un funcionario del Ministerio de Minas y Energía) le hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del FAZNI. Aún para el caso de proyectos a ser financiados con aportes del Presupuesto General de la Nación, o cofinanciados por las autoridades municipales a través de los recursos disponibles para 30 las ZNI, se requiere la aprobación previa del Comité, al igual que el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el desembolso de los recursos por cada fuente que utilice el solicitante para cofinanciar el plan, programa o proyecto presentado. 103. Para presentar los planes, programas y proyectos ante el secretario del comité se requiere: a) inscripción de estos en el BPIN; b) estudio de su impacto económico, social y ambiental, identificación de las fuentes de financiación y descripción del esquema institucional que garantice su administración, operación y mantenimiento; y, c) estudio de viabilidad técnica (por el IPSE) y financiera (por la UPME). Este último requisito significa que los proyectos deben contar con recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad. 104. Para la inscripción y registro de proyectos a ser financiados por el FAZNI, el artículo 1º del Acuerdo 03 CA estableció que se "podrán inscribir y registrar Planes, Programas y Proyectos ...aplicando la ficha EBI vigente, hasta cuando las entidades territoriales dispongan del SSEPI para utilizarlo como herramienta de control y gestión". 105. A marzo 31 de 2004 el CAFAZNI había aprobado tres proyectos de inversión por un valor total de USD5.6 millones, así: a) construcción de línea de media tensión y subestaciones de potencia asociadas en el departamento del Meta (USD1.6 millones); b) construcción de línea de media tensión y subestaciones de potencia en Chocó (USD2.3 millones); y, c) rehabilitación de la central térmica de Leticia (USD1.7 millones). Estos proyectos están siendo ejecutados por EMSA, ISA e Isagen, entidades públicas o de economía mixta. 106. El FAZNI enfrenta dos opciones técnicas para cumplirse sus objetivos en relación con las zonas no interconectadas: a) llevar la energía a esas zonas tendiendo redes de transmisión; o, b) desarrollar proyectos de generación en ellas, ya sea de pequeñas centrales hidroeléctricas o mediante la utilización de la leña o del aceite de alma palma (en lugar de utilizar por ejemplo combustible diesel que se importa de Brasil). La decisión de optar por una u otra alternativa debe depender de evaluaciones financieras rigurosas. Que estas evaluaciones se produzcan y se acaten las recomendaciones que de ellas se desprenden es incierto, dada la composición exclusivamente pública del CAFAZNI, que lo puede llevar a tomas decisiones basadas exclusivamente en criterios políticos. De hecho el gobierno actual ha manifestado su preferencia por la primera alternativa, independientemente de su viabilidad financiera. Sería entonces deseable que en el CAFAZNI se incluyeran otros stakeholders, como por ejemplo algunos representantes de los generadores (que pagan el gravamen) y de los usuarios del servicio en las zonas no interconectadas. 107. El FAZNI sin embargo cumple otros de los requisitos planteados atrás para que un fondo especial opere adecuadamente, como son el que está organizado como agente comprador y no como productor y proveedor de los bienes y su control fiscal es ejercido por la Contraloría General de la República (CGR), aunque no cuenta con auditoría independiente. Sin embargo, con respecto al primer requisito, no está claro que los proyectos aprobados se estén ejecutando mediante mecanismos licitatorios. El Decreto 2884/01 que reglamentó el FAZNI no es taxativo al respecto, ni tampoco los acuerdos expedidos a la fecha por el CAFAZNI. 2. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER 108. Es un fondo cuenta especial creado por la Ley 788/02, sin personería jurídica, administrado por el Ministerio de Minas y Energía o por quien él designe. Se alimenta por el recaudo de $1 por Kw/h despachado en la bolsa de energía mayorista y tiene como funciones la energización de las 31 zonas rurales interconectadas7 y llevar a cabo el programa de normalización de las redes eléctricas (artículo 63, Ley 812/03)8. Esta contribución debe ser pagada por los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional (STN), tiene vigencia hasta el año 2009 y se debe indexar anualmente con el Índice de Precios al Productor (IPP). En 2003 recibió recursos por USD0.7 millones (los cuales fueron ejecutados en su totalidad) y se espera que en 2004 sus ingresos asciendan a UAD3.3 millones. Cuenta con un stock de USD6.7 millones. 109. El Decreto 3652 de diciembre de 2003 reglamentó el FAER y dispuso que este fondo tuviera un Comité de Administración integrado por: a) el Ministro de Minas y Energía (o su delegado); b) el Director de Energía del Ministerio; y, c) el Director General de la UPME (o su delegado). El comité debe aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos que le son presentados. La secretaría es ejercida por un funcionario del Ministerio y puede invitarse a las sesiones del comité a funcionarios de la CREG y de la UPME, o de cualquier otra entidad que se considere pertinente o necesario. Finalmente, recibe apoyo técnico de un grupo conformado por funcionarios del Ministerio y de la UPME. El mencionado decreto facultó al Comité de Administración a "invertir en forma temporal (los recursos y rendimientos del FAER) en una cuenta de ahorros, que permita mantener o incrementar su poder adquisitivo". 110. Los requerimientos básicos para aspirar a que un proyecto sea financiado por el FAER son: a) el registro en el BPIN; b) aval del operador de red en la región sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto; c) censo de usuarios no atendidos; d) especificaciones técnicas para el suministro de materiales, equipos e instalaciones requeridas para la nueva infraestructura; e) metas de cumplimiento; f) estudios de inversión que soporten los impactos social, económico y ambiental; y, g) análisis de costos. 111. Se asignó a la UPME la responsabilidad de emitir el concepto técnico y financiero sobre la viabilidad de cada proyecto, una vez los proyectos aspirantes hayan sido definidos "como inversiones prioritarias en los planes de desarrollo del ente territorial y en los planes de ampliación de cobertura del Operador de Red". 112. Finalmente, el decreto reglamentario estableció que la infraestructura construida con recursos del FAER sería responsabilidad del operador de red, mediante comodato, pero que la propiedad de los activos sería de la Nación, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos del FAER serían ejecutados por este ministerio o que el que éste designara. En el Fondo todavía no ha entrado en operación. El comité que lo administra no participa el sector privado; sus recursos no pueden ser utilizados por el Gobierno para enfrentar problemas de liquidez y aunque no tiene auditoría independiente, su control fiscal será ejercido por la CGR. 3. Fondo Nacional de Regalías ­ FNR 113. Se creó mediante la Ley 141 de junio de 1994 y se financia con los ingresos provenientes de las regalías no asignadas directamente a los departamentos y municipios productores. La ley también creó la Comisión Nacional de Regalías (CNR) como una Unidad Administrativa Especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones. El FNR se diferencia entonces del FAER, el FAZNI y el FES en que dispone de una estructura organizacional 7 Según la Ley 788/02 se consideran zonas rurales interconectadas los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Chocó, Caquetá y Meta. 8Como mínimo debe destinar el 80% de los recursos al primer objetivo. 32 para administrar los recursos. Entre 2000 y 2004 ha percibido ingresos por USD 1.221 millones, de los cuales su ejecución ha sido de USD912 millones (Cuadro 22). Cuadro 22 Operación del FNR (USD millones de 2003) 2000 2001 2002 2003 2004 Presupuesto Ingresos 307.6 262.1 269.2 344.1 38.1 Presupuesto Gastos de Inversión 190.7 403.5 283.5 114.0 26.3 Ejecución Presupuestal 130.4 393.0 281.1 107.6 0.0 114. La Comisión Nacional de Regalías se integró de la siguiente forma: a) el Director del Departamento Nacional de Planeación, (o el Subdirector), quien la preside; b) el Ministro de Minas y Energía, o en su defecto el Viceministro; c) el Ministro de Transporte, o en su defecto el Viceministro; d) el Ministro de Desarrollo Económico, o en su defecto el Viceministro; e) el Ministro del Medio Ambiente, o en su defecto el Viceministro; f) un gobernador de departamento de cada Consejo Regional de Planificación Económica y Social, Corpes, tres (3) de ellos provenientes de departamentos no productores y dos (2) de departamentos productores, elegidos por los Gobernadores que integran cada Corpes. Actuarán como suplentes tres (3) alcaldes provenientes de departamentos no productores y dos (2) de departamentos productores, elegidos por los municipios de la región, quienes provendrán de las regiones que conforman los respectivos Corpes de los cuales hacen parte los Gobernadores; g) un Alcalde de los municipios portuarios como miembro principal y uno (1) como suplente, elegidos por la Federación Nacional de Municipios; y, h) el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá como principal y un (1) alcalde como suplente, elegido este último por la Federación Nacional de Municipios. 115. Para asignar los recursos, la CNR debe tener en cuenta los siguientes criterios1: a) el equilibrio regional, basado en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); b) el desarrollo armónico del país y de las distintas regiones; c) el impacto ambiental, social y económico de los proyectos; d) los efectos causados a la entidad territorial como consecuencia de las actividades de exploración, transporte, manejo y embarque de los recursos naturales; e) la financiación de los planes de desarrollo regionales; y f) la densidad poblacional. 116. Tradicionalmente el FNR se ha utilizado por los gobiernos para "comprar" respaldo político en el Congreso de la República. La Comisión Nacional de Regalías está compuesta por una mayoría de gobernadores y alcaldes, funcionarios que en algunos casos serán los mismos ejecutores de los recursos. Sería conveniente modificar su composición, que incluya representantes del sector privado y que contribuya a garantizar una selección objetiva y rigurosa de los proyectos de inversión. Al igual que en los casos del FAER y el FAZNI, el FNR no produce bienes y servicios y el control fiscal también es ejercido por la CGR. 4. Fondo de Comunicaciones 117. El Fondo de Comunicaciones es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Comunicaciones, creada mediante Decreto Ley 129 de 1.976 y reestructurada a través de los Decretos 1130 de 1999 y 2324 de 2000. Está representado, dirigido y administrado por el Viceministro de Comunicaciones, quien es su Director por delegación de funciones del Ministro de Comunicaciones. 118. Sus funciones son: 33 · Financiar planes y programas de inversión destinados a la instalación, la operación o el mantenimiento de proyectos de telecomunicaciones sociales, en especial el desarrollo de programas de telefonía social y financiar o ejecutar los destinados a la expansión de las tecnologías de la información. · Financiar planes y programas de inversión destinados a la instalación, la operación o el mantenimiento de servicios de correo social. · Distribuir los subsidios y aportes que reciba de la Nación y de las entidades territoriales y descentralizadas, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 368 de la Constitución Política, así como para el desarrollo de otros programas de telecomunicación social, cuando estas se lo soliciten. · Redistribuir los excedentes de las contribuciones en los términos y condiciones de la ley y de los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. · Proveer el apoyo económico, financiero y logístico requerido por el Ministerio de Comunicaciones para el ejercicio de sus funciones. · Proveer el apoyo económico financiero y logístico requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer funciones de protección al usuario de servicios no domiciliarios de comunicaciones. · Liquidar los derechos, cánones, tasas, tarifas, compensaciones o participaciones que una persona natural o jurídica, pública o privada, debe pagar por concepto de las concesiones, autorizaciones, permisos y registros autorizados por el Ministerio de Comunicaciones y mantener al día el estado de cuenta de cada uno de ellos. 119. El Fondo utiliza como fuente de financiación los recursos que recibe por los pagos que los operadores de telecomunicaciones realizan por concesiones, autorizaciones y utilización del espectro radioeléctrico, entre otros, recursos que se estiman en la actualidad en USD50.1 millones anuales. El Fondo cobra trimestralmente el 5% de los ingresos brutos de los concesionarios de los diversos servicios (TMC, PCS, Larga Distancia, Trunking, etc.). La actividad reciente del Fondo de Comunicaciones se presenta en el Cuadro 23. Es de anotar que, debido a problemas de espacio fiscal, en promedio solo se ha presupuestado el 62% de los ingresos proyectados para el Fondo, de los cuales aproximadamente dos terceras partes corresponden a inversión (40%), mientras que su ejecución corresponde a casi el 100% de lo programado. Cuadro 23 Operación del Fondo de Comunicaciones (USD millones de 2003) 2000 2001 2002 2003 2004 /3 Ingresos 114.9 93.5 119.8 133.1 65.1 Presupuesto de Gastos (Apropiación) 72.1 73.8 75.0 58.8 38.8 Funcionamiento 29.9 27.6 28.4 36.9 1.4 Inversión 42.1 46.2 46.6 21.8 37.4 Ejecución Presupuestal (Compromisos) 69.6 73.3 74.5 57.8 4.2 Funcionamiento 29.7 27.4 28.2 36.3 0.4 Inversión 39.9 45.9 46.3 21.6 3.8 Stock /1 40.1 2.5 3.8 1.8 10.1 Recursos invertidos en TES /2 26.5 55.7 91.4 120.0 138.6 Fuente: Ministerio de Hacienda /1 Recaudos a Mayo 28 de 2004 /2 TES-Valorados a precios de mercado /3 Ejecución a Mayo 34 120. Desde 1998 el Fondo de Comunicaciones y Fonade suscribieron varios convenios con el fin de ejecutar los programas de telecomunicaciones sociales del Gobierno. Compartel fue el programa bandera del Fondo de Comunicaciones en el período 1998-2002. Fonade es una Empresa Industrial y Comercial de Estado, dotada jurídica, técnica y financieramente de facultades para agenciar proyectos de desarrollo y apoyar la fase de preparación de los mismos. La actividad del Fonade se concreta en las líneas de negocios que, en virtud de los Decretos 2168/92 y 2606/98, tiene la facultad exclusiva de ofrecer a los sectores público y privado. Estas son: Gerencia de Proyectos, Administración de Recursos, Estructuración y Promoción de Proyectos y Crédito. 121. Los convenios que se han suscrito entre el Fondo de Comunicaciones y Fonade son: · Convenio No. 198060 (Diciembre/98), para desarrollar la administración y ejecución del Programa Compartel Plan de Telefonía Social 1999 - 2000. · Convenio No. 199061 (Junio/01), con el fin de desarrollar la ejecución del Proyecto denominado "Programa Compartel Internet Social". · Convenio No. 199073 (Octubre/00), con el fin de desarrollar la ejecución de programas de telecomunicaciones sociales durante los años 2000 y 2001. · Convenio No. 191135 (Diciembre/01, con el fin de desarrollar la ejecución del Programa de Telefonía Social Domiciliaria durante los años 2002 y 2003. 122. El Fondo de Comunicaciones y Fonade se comprometieron a asignar los recursos de fomento a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que participen en el logro de los objetos de cada convenio. El Fonade, por su parte, se comprometió a prestar los servicios gerenciales, técnicos, jurídicos y administrativos y a prestar las asesorías necesarias para que todos los proyectos de Telecomunicaciones Sociales sean ejecutados adecuadamente. 123. Una de las virtudes de la gestión de este fondo es que los servicios a proveer se licitan y se otorgan con base en el menor subsidio solicitado al gobierno (es decir, el menor aporte requerido para cubrir el déficit de su plan de negocios). La licitación se adjudica al operador que, previo cumplimiento de unas condiciones técnicas, financieras y legales básicas, solicite el menor monto de aporte. De esta forma, se optimiza la utilización de los recursos públicos y se incentiva un uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones instalada, que puede ser utilizada por los operadores en la prestación de los servicios. 124. En gran medida la telefonía social se ha desarrollado mediante contratos interadministrativos entre el Fondo y las empresas telefónicas locales o Telecom. A Telecom se le asignaron por ley recursos provenientes de los pagos de licencias de LDN y LDI (del 5%) para mantenimiento y reposición de las líneas de telefonía social durante 10 años. 125. El Fondo no es administrado por una Junta con participación de los stakeholders, lo que puede llevar a que las decisiones de inversión sean exclusivamente políticas. Es auditado por la CGR. 5. Fondo Cuota de Fomento en Gas 126. Es un fondo cuenta especial de manejo, creado por la Ley 401/97, sin personería jurídica, administrado por la Junta Directiva de Ecogas, financiado con recursos provenientes del 1.5% del valor de la tarifa por transporte de gas. Esta cuota debe ser pagada por todas las empresas de 35 transporte de gas en el país9. Con este fondo especial se buscó promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural en los municipios rurales, con prioridad para los proyectos ubicados en el área de influencia de los gasoductos locales, y en zonas con mayores índices de NBI. Entre 2003 y 2004 se espera que los ingresos de este fondo alcancen los USD4 millones y que su stock acumulado a mayo de 2004 ascienda a USD11.5 millones. 127. En el Cuadro 24 se resume el análisis de la estructura organizacional y el modo de operación de los Fondos estudiados, mostrando cuáles cumplen con las características deseables en un fondo especial, características que fueron hechas explícitas atrás. Cuadro 24 Cumplimiento de las Características Deseables de un Fondo Especial Fondo FAZNI FAER FES Comunicaciones FNR Fomento Gas Criterios F.C. F.C. F.C. U.A.E. U.A.E. F.C. Agencia compradora y no proveedora de los Si Si Si Si Si Si bienes y servicios Administrada por una Junta o Comité con No No No No No No participación privada (no de proveedores) Los recursos son dedicados en un 100% a los Si Si Si Si No Si usos establecidos El Gobierno puede usar los excedentes de caja del fondo para enfrentar problemas de liquidez No No - Si Si - Hay un alto grado de recuperación de los No No No No Si No costos a través de los cargos por uso Tiene control fiscal por parte de la Contraloría Si Si Si Si Si Si General de la República Tiene auditoría independiente No No No No No No F.C. = Fondo Cuenta U.A.E. = Unidad Administrativa Especial 128. El análisis de los fondos especiales permite concluir que las fuertes restricciones al gasto existentes en el país no permiten una utilización eficiente de sus recursos. Dichos recursos deberían poder utilizarse en todos los casos para resolver problemas de liquidez del Gobierno Nacional, no de solvencia. Además, sus inversiones deberían excluirse de las cuentas fiscales, una vez sea modificada la forma en que se gestionan estos fondos. Finalmente, debería obligarse a ejecutar todos sus ingresos cada año. VII. PRESUPUESTACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y DE LAS INVERSIONES VÍA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS A. Inversión 129. La inversión del Gobierno Central y de los Establecimientos Públicos se presupuesta a partir de la formulación de los diferentes proyectos, evaluados y registrados por la entidad encargada de su ejecución en los Bancos de Proyectos (ver sección III). Estos proyectos se priorizan y se incluyen en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), que a su vez debe ser consistente con las prioridades y los objetivos del Plan de Desarrollo. Estos deben ser aprobados por un organismo de elección popular (Congreso, Asamblea o Concejo). Por su parte, la inversión en las Empresas debe tener la misma filosofía, pero con la diferencia que quien la aprueba es el CONFIS y depende del Plan de Inversiones aprobado por la Junta Directiva respectiva. 9Vale la pena mencionar que los recursos de este fondo representan una parte importante del presupuesto de inversión de Ecogas (37% en 2004). 36 130. Con respecto a la inversión de las Empresas Públicas del orden nacional un estudio del DNP señaló que "los presupuestos de inversión están cargados de proyectos que constituyen mas gastos corrientes y gastos improductivos", como por ejemplo "el pago de obligaciones contractuales, sentencias judiciales, programas sociales, exigencias regulatorias y actividades de mantenimiento menor", así como "compra de licencias (y) pago de prestación de servicios"; y que este problema "se ha acentuado con la expedición de la Ley 617/00. Para no transgredir los límites impuestos por esta norma al crecimiento de los gastos de funcionamiento, las empresas optan por financiar parte de estos gastos con recursos de inversión" (DNP, 2003). 131. La concepción vigente para efectos contables, de todo tipo de entidad pública sin importar el nivel al cual pertenezca (central, descentralizado), se deriva de la que se tiene en el orden presupuestal. Es decir, que los hechos que deben reconocerse en la contabilidad corresponden, en esencia, a la representación patrimonial de las transacciones que afecten la ejecución pasiva del presupuesto de gastos asignado para atender la inversión pública. Así las cosas, es la materialidad u objeto de gasto imputado presupuestalmente con cargo a la inversión lo que determina su capitalización o reconocimiento como gasto. 132. Si con el pago ordenado se atienden obligaciones a favor de proveedores y contratistas cuyo objeto contractual ya constituyó un beneficio recibido o aprovechado por la entidad o la ciudadanía a la cual se dirigía, ese hecho debe constituir un gasto desde la perspectiva contable (patrimonial). 133. Pero si la obligación surge del recibo a satisfacción de un bien, tangible o intangible, del cual se esperan recibir beneficios futuros, contablemente se debe reflejar bajo la concepción activo, es decir, se produce la denominada capitalización. Igual se puede pagar por adelantado el recibo de un servicio posterior, y como no se ha recibido, se debe registrar tal situación como un activo, así presupuestalmente se configure la ejecución de una apropiación presupuestal destinada a la inversión publica. 134. Si el registro en la contabilidad corresponde a erogaciones con el propósito de incrementar los activos fijos, en particular la infraestructura de propiedades, planta y equipo, los bienes de beneficio y uso público y las inversiones en recursos naturales, que se representan como activos en la contabilidad, se está frente a la Formación Bruta de Capital Fijo. Contablemente se la considera como el incremento en los saldos por la variación en las cuentas del activo que representan aquello que no se consume con el primer uso que se haga de ellos. 135. En Colombia adicionalmente se registran activos fijos no económicos, tales como las erogaciones para adquirir, construir o reconstruir los bienes de beneficio y uso público, las inversiones en recursos naturales y del ambiente y la construcción, adquisición o reconstrucción de monumentos y bienes históricos y culturales, que en otros países se llevan directamente al gasto. B. Depreciación 136. La depreciación, por no constituir un flujo económico transaccional (transacción en la cual participan más de dos entes) no debe presupuestarse, no requiere flujo monetario. En la contabilidad patrimonial o financiera aplicada en Colombia, la depreciación y la amortización de bienes de uso público e inversiones en recursos naturales y el agotamiento de éstos (cuando no se trate de reservas y canteras), se reconoce como un gasto y constituye un flujo económico no transaccional. 137. Es decir que contablemente y de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC SP01), se utiliza el método de por lo devengado (acumulación o causación) y se reporta como 37 gastos los reconocidos por depreciación. Allí se representan en un grupo especial destinado a revelar las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamientos. Por lo tanto no hacen referencia a si se tratan de gastos de inversión, corrientes u otra naturaleza. Esta práctica es similar para todo el sector público, incluidas las empresas. C. Gastos de Mantenimiento 138. Si se trata del mantenimiento de bienes que están dispuestos para el uso de las mismas entidades y no para el uso por los ciudadanos, es decir, la propiedad, planta y equipos, el mantenimiento se presupuesta como Gasto Corriente ­ Gasto de Funcionamiento. Si el mantenimiento se relaciona con bienes que para su adquisición o construcción se debió inscribir un proyecto de inversión y una apropiación en ese grupo, su mantenimiento debe presupuestarse con cargo a la inversión. 139. En la Contabilidad Patrimonial si el mantenimiento tan sólo permite dejar el bien en condiciones normales de uso, se deben reconocer como un gasto; pero si con la intervención del bien se cambia la vida útil de este y la erogación realizada frente al valor actual del bien es muy significativa, se reconocerá como un mayor valor del bien, es decir, se capitaliza. El método de registro patrimonial es por lo devengado (causación o acumulación), y su aplicación es similar a todo ente público (incluye empresas). D. Pasivos Contingentes 140. Los pasivos contingentes se presupuestan tan solo cuando el pasivo deja de ser contingente y se convierte en una obligación real (cierta). Se asignan recursos en funcionamiento (corrientes) cuando la obligación surge de relaciones jurídicas cuyas obligaciones originales debieron presupuestarse como gastos de funcionamiento. Tal es el caso de obligaciones laborales o por la adquisición de bienes y servicios a utilizar por la entidad para su propio funcionamiento, como en el caso, por ejemplo, de una demanda por el incumplimiento de un contrato para la adquisición de papelería y útiles de oficina. También cuando se trata de aspectos que no tienen relación con la inversión pública, como es el caso de una demanda en contra de una decisión administrativa. 141. Afectan el presupuesto de inversión si se derivan de relaciones jurídicas que originalmente afectaron el presupuesto de inversión, como por ejemplo en contratos de obra pública, concesiones, garantías para contratos que tenían el propósito inicial de incrementar lo bienes y servicios destinados directamente a la comunidad. 142. Desde la perspectiva contable, una vez se conoce de la contingencia, ya sea porque se ha determinado en una relación contractual o derivada de pretensiones de terceros, si es posible su cuantificación esta se reconoce por fuera del balance, en las denominadas cuentas de orden o informativas (sean judiciales o por efecto de garantías), que pueden ser solo para control o para reconocer hechos que potencialmente pueden ocurrir. 143. Si por alguna circunstancia, luego de la evaluación de cada caso se establece que existe alta probabilidad de que un pasivo contingente se pueda convertir en un pasivo real, se deberá estimar el efecto de tal situación y trasladar el monto estimado de cuentas de orden a los denominados pasivos estimados. Es en ese momento cuando se afecta el patrimonio (disminuye el patrimonio neto, pues se reconoce un gasto). 144. Cuando el pasivo estimado se convierte en un hecho cierto o real, deja de ser estimado para convertirse en una obligación real, será necesaria su reclasificación de pasivo estimado a pasivo 38 real, momento en el cual se debe contar con la apropiación presupuestal. Este tratamiento contable es similar para una contingencia judicial como para una contingencia originada en garantías, sólo que las cuentas auxiliares serán diferentes. 145. La sóla probabilidad de ocurrencia no obliga a registrar la situación como un pasivo, pero será necesario su registro en cuentas informativas o de orden (responsabilidades contingentes). Existen casos en donde no es posible cuantificarlos y registrarlos en cuentas de orden inicialmente, como puede ser un accidente ocurrido por negligencia del estado, como por ejemplo un accidente originado por una vía en mal estado, pues las pretensiones son indeterminadas. Una vez se puedan cuantificar se registran. VIII. APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIONAR ENTIDADES CUYA INVERSIÓN PODRÍA EXCLUIRSE DE LAS CUENTAS FISCALES 146. El FMI ha señalado que los mejores candidatos para excluir de las cuentas fiscales son aquellas empresas públicas que son gerenciadas con orientación comercial. Propuso además nueve criterios, que a su vez clasificó en cuatro categorías para identificar las empresas que tienen esa característica. Estos criterios y categorías son: 1. Independencia gerencial: a) para competir en precios en los mercados de bienes transables y para fijar precios con base en el costo marginal (CMg) en los mercados de bienes no transables; y, b) para contratar personal y fijar salarios; 2. Relaciones con el Gobierno: a) ausencia de subsidios y/o transferencias del gobierno a la empresa y viceversa; y, b) tratamiento igual en materia de impuestos y regulaciones que a las empresas privadas; 3. Condiciones Financieras: a) tasa de retorno sobre el capital de los últimos años similar al promedio de la industria; y, b) costo de la deuda similar al promedio de la industria; y, 4. Estructura de Gobierno: a) acciones inscritas en una bolsa mundial de importancia; b) sujeción a auditorías externas y disponibilidad de informes anuales comprehensivos; y, c) protección de los derechos de los accionistas minoritarios. 147. Entre estos criterios hay uno, el requisito de tener las acciones inscritas en una bolsa mundial, que tan sólo lo cumple una empresa pública en el país (ISA). Este criterio es excesivamente restrictivo y podría sustituirse por el criterio de participación accionaria privada de mas del 10%, lo que contribuiría (incluso mas directamente que la inscripción en bolsas mundiales) al gerenciamiento con criterio comercial de la empresa, de manera similar a como lo hacen las bolsas de valores. Si lo anterior viene acompañado de representación de estos accionistas en la Junta Directiva, su impacto sería mayor. Sin embargo, aún modificando el criterio mencionado por este último, seguirían siendo muy pocas las empresas públicas que cumplen estrictamente todos los criterios. 148. Con respecto al primer criterio, las empresas estatales se diferencian en Colombia de otras entidades descentralizadas en que desarrollan sus actividades y su gestión conforme a las reglas del derecho privado (Ley 489/98, Art. 85 y 97 y Ley 142/94, Art. 27). Ello les da autonomía y libertad para competir y para contratar y fijar salarios en forma autónoma. Sin embargo, en la práctica la autonomía es relativa. El Gobierno Nacional interviene en la conformación de las Juntas Directivas y mediante la injerencia de los ministerios sectoriales, el Ministerio de Hacienda, el DNP y el Conpes en los asuntos de la empresa. Por ejemplo, el Gobierno anualmente instruye a sus representantes en las Juntas Directivas para que limiten los incrementos salariales (DNP, 2002). Por otra parte, los miembros de las Juntas son escogidos por el Presidente de la República; en las EICE 39 no societarias el Presidente elige a la totalidad de los miembros. Finalmente, en los casos en que la autonomía es real, no viene acompañada de responsabilidad por resultados. 149. En relación con el segundo criterio, varios documentos de la DIFP del DNP han evidenciado que algunas empresas del orden nacional dependen de los recursos que les transfiere el Gobierno Central u otros organismos. En infraestructura es el caso, por ejemplo, de las empresas del subsector de Televisión y de Ferrovías. 150. Con respecto al tercer criterio, un estudio reciente de la DIFP del DNP (2002) sobre la sostenibilidad de las empresas del orden nacional concluye que "la mayoría de...entidades no son sostenibles en el mediano y largo plazo" y que la mayoría presenta, año tras año, "constantes resultados negativos". La principal causa de insostenibilidad es el pasivo pensional no provisionado. El documento muestra que varias de las empresas mas grandes, con pasivos pensionales altos (Ecopetrol, Telecom, Adpostal, Inravisión, etc.) no los han amortizado (reconocido) en su totalidad en los balances y que estos pasivos no cuentan con fondos de respaldo suficientes. Algo similar ocurre en las empresas más pequeñas. A lo anterior se suman los altos costos salariales y las cargas convencionales elevadas (y en el caso de las empresas de energía eléctrica, elevadas pérdidas de energía). 151. La no viabilidad de la mayoría de las empresas del orden nacional llevó al DNP a proponer en 2002 la liquidación, venta (total o de un porcentaje accionario), reestructuración o liquidación de buena parte de ellas, proceso en el que se ha venido avanzando. De 131 empresas del orden nacional existentes en marzo de 2004 (de las cuales 43 son financieras), estaban en liquidación 37 (11 financieras) y se seguía con el firme propósito de liquidar o vender otras, particularmente en los sectores eléctrico y financiero. Se han liquidado recientemente: Telecom y 12 teleasociadas, Ferrovías, Electroliza, Cajanal y Electrificadora de Chocó. La primera fue reeemplazada por Colombia Telecomunicaciones, la tercera por Enertolima y la quinta por Dispac. Adicionalmente se escindieron Ecopetrol y el ISS-salud. 152. Con respecto al cuarto criterio, casi ninguna empresa del orden nacional tiene participación accionaria privada (la excepción es ISA) ni normas de protección a los accionistas minoritarios (la mayoría son 100% públicas). A nivel territorial la excepción es la ETB. Las empresas de servicios públicos y las más grandes disponen de auditorías externas, siendo solo estas últimas las que proporcionan informes anuales comprehensivos. 153. Con base en información del DNP, el FMI aplicó estos criterios a las 14 mayores empresas públicas nacionales10, encontrando que tan sólo una de ellas (ISA) cumplía con todos los criterios para ser excluida de las cuentas fiscales. 154. El FMI reconoce sin embargo, que considerar los nueve criterios hace demasiado restrictivo el ejercicio y señala que con tan sólo seis criterios sería suficiente; esto es, los cuatro criterios relacionados con las dos primeras categorías (independencia gerencial y relaciones con el gobierno) y un criterio de cada una de las otras dos categorías. 155. El FMI también reconoce que los criterios fueron desarrollados para empresas monopolísticas u oligopolísticas y que se requiere determinar sin son todos igualmente aplicables a empresas públicas que operan en ambientes competitivos. En relación con el criterio sobre subsidios, advierte 10Ecopetrol, Ecogas, Telecom, Adpostal, ISA, Isagen, Corelca, Urrá, Cedenor, Electrificadotas del Meta, Huila y Santander, Indumil y Satena. 40 que es necesario distinguir entre subsidios legítimos y transparentes para proveer un servicio a nombre del gobierno y subsidios no legítimos para cubrir pérdidas e ineficiencias de las empresas. 156. Aún si se acogieran estas modificaciones, ninguna empresa nacional, adicional a ISA, podría cumplir los requisitos para su exclusión de las cuentas fiscales. Tres de las empresas (Ecopetrol, Indumil y Satena) son rentables, pero no cumplen con todos los criterios de "independencia gerencial" y sólo Ecopetrol cumple al menos uno de los tres criterios de la categoría "estructura de gobierno" (el de auditoría externa y reportes anuales). 157. Por otra parte, a nivel local son muy pocas las empresas rentables (EPM y ETB constituyen quizás los casos mas representativos), y tan sólo una (ETB) cumple con los seis criterios aceptados por el FMI. Empresas como EPM u otras no cumplen con algunos de los criterios de "independencia gerencial". Es quizás esta categoría y, en particular, el criterio de "política de empleo", el que debería ser objeto de modificaciones en el país para permitir una mayor orientación comercial de las empresas. La independencia de los miembros de las Juntas Directivas debería ser un complemento necesario de los cambios incorporados en el criterio de políticas de empleo. 158. EL gobierno nacional, en cabeza del Confis y de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) del DNP, hace seguimiento a una muestra importante de entidades públicas (Cuadro 25). El Confis monitorea el comportamiento fiscal de 272 entidades del Sector Público No Financiero (SPNF), mientras la DIFP sigue 131 entidades (88 del SPNF y 43 financieras), especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución de la inversión. Casi todas las entidades a las que hace seguimiento la DIFP son también monitoreadas por el Confis. Cuadro 25 Entidades que tienen seguimiento en el Sector Público En Con seguimiento del CONFIS Total Liquidación Nacional Administración Central 52 0 Nacional Administración Descentralizada 150 0 Nacional E.S.E 4 0 Empresas Industriales y Comerciales Nacionales 7 0 Seguridad Social 18 0 Servicios Públicos 41 8 Total general 272 8 En Con seguimiento de la DIFP, DNP Total Liquidación Nacional Administración Descentralizada 13 2 Nacional E.S.E 11 0 Empresas Industriales y Comerciales Nacionales 13 4 Seguridad Social 5 1 Servicios Públicos 46 19 Sub-total 88 26 Financieras 43 11 Total General 131 37 Fuente: Confis y DIFP 41 Cuadro 26 Cumplimiento de los Criterios para Exclusión de las Cuentas Fiscales Empresas Nacionales Independencia Gerencial Condiciones Financieras Relaciones con el Gobierno Estructura de Gobierno Política de Precios Política Laboral Calidad de Riesgo Servidores Empresa Sector Precios Protege Convenciones Públicos en Garantías de Exenciones Rentabilidad /1 Nivel de la Costo de la Inscrita en Auditorías Reportes Reflejan Subsidios Accionistas Colectivas Posiciones de Crédito Tributarias Deuda /2 Deuda /3 Bolsa Externas /4 Anuales Costos Minoritarios Decisión Ecopetrol Petróleo Si Si Si Si No No 18.4 68.0 17.0 Si Si Ecogas /5 Gas (Transporte) Si Si No No 14.1 6.3 - Si Telecom /6 Telecomunicaciones Si Si Si No No -7.9 89.4 - Si Si Adpostal /7 Servicio de Correos Si Si Si Si No No -91.0 96.8 - Si ISA Eléctrico (Transmisión) Si Si No No 1.0 32.7 13.1 Si Si Si Si Isagen Eléctrico (Generación) Si Si No No 1.6 41.7 9.7 Si Si Corelca /8 Eléctrico (Generación) Si Si No No -369.0 94.0 - Si Si Urrá Eléctrico (Generación) Si Si No No -120.7 95.0 8.1 Si Si Cedenar Eléctrico (Distribución) Si Si Si No No 0.6 59.0 9.4 Si Si Meta /9 Eléctrico (Distribución) Si Si Si No No -0.8 23.1 - Si Si Santander Eléctrico (Distribución) Si Si Si No No -5.0 23.2 9.1 Si Si Huila Eléctrico (Distribución) Si Si Si No No 3.0 35.0 17.0 Si Si Indumil Armamento Si Si No No 11.0 54.0 3.9 Si Satena Transporte Aéreo Si Si Si No No 40.9 65.0 8.4 Si Totales 14 14 8 11 5 14 14 1 10 14 1 Empresas Territoriales EPM Multiservicios Si Si Si Si Si* No - 32.0 - Si Si Emcali Multiservicios Si Si Si Si Si* No - 51.0 - Si Si ETB Telecomunicaciones Si Si Si Si* No - - Si Si Si Si ESSA Electricidad Si Si Si Si Si* No - 21.0 - Si Si ** EAAB Acueducto y Alcantarillado Si Si Si Si* No - - Si Si Totales 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 2 Fuente: Este cuadro fue extraído del documento XXX del FMI con fuente DNP. Cálculos propios /1 Relación entre Utilidad Neta y Net Worth /2 Relación entre Obilicaciones Totales y Activos Totales /3 Relación entre costos financieros causados y deuda total promedio (incluyendo deuda de corto y largo plazo) /4 La Contraloría General de la República ejerce el control fiscal sobre todas las empresas públicas /5 Su deuda incluye pagarés y rezgos en el pago de impuestos /6 Liquidada en Junio de 2003; en su lugar se creó Colombia Telecomunicaciones, regulada por normas del sector privado /7 Su deuda se define como obligaciones laborales y pensionales /8 Su deuda incluye obligaciones laborales y financiación con proveedores (deuda flotante) /9 Su deuda se define como deuda flotante y obligaciones pensionales * Para créditos externos con entidades multilaterales ** En proceso de elaboración el Código de Buen Gobierno 42 159. Con respecto al seguimiento a las entidades territoriales, vale la pena mencionar que el Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial (FOSIT) adelanta dicho seguimiento a una muestra de departamentos y municipios que representa alrededor del 50% del total territorial (en términos de ingresos), y está compuesta por los departamentos de Valle, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Risaralda y Caldas, y por los municipios de Cali, Medellín, Bogotá, D.C, Bucaramanga, Manizales y Pereira. El Confis toma estas cifras, las confronta con los resultados obtenidos del ejercicio "por debajo de la línea" del Banco de la República y, una vez logra acuerdo en las entidades a las que ambas instituciones hacen seguimiento, atribuye la diferencia al resto de entidades territoriales. 160. Todas las empresas incluidas en el Cuadro 26 hacen parte del seguimiento que adelanta el Confis y tienen un peso importante dentro de las cuentas fiscales. Si a estas empresas se añaden dos establecimientos públicos (INVIAS, IDU), en conjunto este grupo de entidades podría estar invirtiendo en la actualidad anualmente en promedio alrededor de USD1.500 millones y su inversión representar cerca del 90% de la inversión pública en infraestructura. Si se supusiera que alrededor del 15% de esta suma se financia con endeudamiento adicional, que afecta negativamente las cuentas fiscales, excluir estas entidades de dichas cuentas significaría abrir un espacio para inversión del orden de USD225 millones. Para ello habría que modificar la estructura de gobierno de la mayoría de estas empresas. En Ecopetrol, simultáneamente con su escisión en dos entidades, se avanzó en garantizar mayor autonomía a la gerencia y a la Junta Directiva para desarrollar su plan estratégico. 161. Por otra parte, los fondos especiales analizados podrían ejecutar anualmente un volumen de inversión en infraestructura del orden de USD400 millones. Para garantizar que estos recursos sean adecuadamente asignados se requiere modificar su gerenciación, mediante una junta con participación privada y de los potenciales beneficiarios de las inversiones (diferentes de los proveedores). IX. REFERENCIAS Allen, R. y D. Tommasi (Ed) (2001), "Managing Public Expenditure: a reference book for transition countries". OECD. Burnside, C. (2002), "On Contingent Liabilities and the Likelihood of Fiscal Crises". Banco Mundial, Comparative Economic Studies, Vol. XLIV, No. 1, págs. 1-14. Caballero, César A. (1999), "The Political Economy of Oil Royalties in Colombia: the case of the Nacional Law of Royalties, Lay 141 of 1994". Tesis de grado del M. Phil. en Estudios Latinoamericanos, St. Antony's Collage. Caballero, Rafael (1999), "Balance de la Reforma del Sector Eléctrico. Las privatizaciones y el marco regulatorio. El caso comlombiano". DNP CONFIS (2001), "Privatizaciones y Concesiones de la Nación, 1990-2001", Documento Asesores 07/2001, Julio. ____________________ (2001), "Telecom y los Contratos de Riesgo Compartido", Boletín de Coyuntura Fiscal, No. 2, Mayo. 43 Departamento Nacional de Planeación (2004), "Empresas Descentralizadas: análisis del presupuesto 2004", Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, Documento DIFP-SPSD-38, Marzo. ____________________ (2004), "Política Integral de Infraestructura Vial", Documento Conpes 3272, Febrero. ____________________ (2004), "Garantía de la Nación a Inficaldas e Infimanizales, para Contratar Operaciones de Crédito Público Externo con el Gobierno Español a través del Instituto de Crédito Oficial ­ICO- hasta por US$20 Millones, destinados a la Financiación Parcial del Proyecto `Construcción del Aeropuerto de Palestina'", Documento Conpes 3270, Febrero. ____________________ (2004), "Lineamientos para la Posible Solución Negociada de las Controversias Resultante de los Contratos de Asociación a Riesgo Compartido Suscritos por Telecom y las Teleasociadas", Documento Conpes 3268, Febrero. ____________________ (2003), "Programa de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Regional", Documento Conpes 3261, Diciembre. ____________________ (2003), "Líneas de Acción para el Fortalecimiento de la Defensa Legal y para la Valoración de Pasivos Contingentes", Documento Conpes 3250, Octubre. ____________________ (2003), "Lineamientos de Política para el Sector de Acueducto y Alcantarillado", Documento Conpes 3246, Septiembre. ____________________ (2003), "Estrategias para la Dinamización y Consolidación del Sector de Gas en Colombia", Documento Conpes 3244, Septiembre. ____________________ (2003), "Lineamientos de Política para las Empresas Oficiales Distribuidoras de Energía Eléctrica", Documento Conpes 3241, Agosto. ____________________ (2003), "Lineamientos de Política para los Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada a Cargo de la Nación", Documento Conpes 3228, Junio. ____________________ (2003), "Empresas Descentralizadas: análisis presupuesto de inversión 2003", Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, Documento DIFP-SPSD-30, Febrero. ____________________ (2002), "Metodología de Seguimiento", Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, Documento DIFP-SPSD-18, Septiembre. ____________________ (2002), "Balance y Estrategias a seguir para Impulsar el Plan de Masificación de Gas", Documento Conpes 3190, Julio. ____________________ (2002), "Seguimiento a las Acciones definidas en el Documento Conpes 3145", Documento Conpes 3184, Julio. ____________________ (2002), "Evaluación de la Distribución de los Recursos del Fondo Nacional de Regalías 1998-2001 y Nueva Propuesta para la Distribución de los Recursos", Documento Conpes 3170, Mayo. ____________________ (2002), "Lineamientos de Política en Telecomunicaciones Sociales 2002- 2003", Documento Conpes 3171, Mayo. 44 ____________________ (2002), "Lineamientos de Política en Telecomunicaciones Sociales 2002- 2003", Documento Conpes 3171, Mayo. ____________________ (2001), "Lineamientos de Política para Telecom", Documento Conpes 3145, Diciembre. Donaghue, Brian (2002), "Statistical Treatment of `Build-Own-Operate-Transfer' Schemes". IMF Working Paper, WP/02/167, Octubre. Hidalgo, Darío (1997), "Los Impactos de las Concesiones Viales en Colombia: ¿vamos por buen camino?". Estrategia Económica y Financiera, No. 258, Junio. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC-SP01), Nos. 11, 16, 17 Páginas Web de los Fondos dedicados: Compartel, FAZNI, FRN, FAER, Fondo Cuota de Fomento en Gas y Fondo de Comunicaciones. Potter, Barry (1997), "Dedicated Reoad Funds: A Preliminary Veiw on a World Bank Initiative" IMF paper on policy analysis and assessment, PPAA/97/7, Junio. Reyes, José Daniel (2002), "Impacto Económico de las Garantías de la Nación en Proyectos de Infraestructura", DNP, Archivos de Macroeconomía, Documento 184 Viloria, Joaquín (2002), "Riqueza y Despilfarro: la paradoja de las regalías en Barrancas y Tolú. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 28, Cartagena, Junio. 45 Anexo 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION DE CONCESIONES VALORES RECONOCIDOS Y PAGADOS A LOS PROYECTOS DE CONCESION Primera Generación EL CORTIJO-SIBERIA LA PUNTA EL VINO - PAGOS 1996 PAGOS 1997 PAGOS 1998 PAGOS 1999 PAGOS 2000 PAGOS 2001 PAGOS 2002 PAGOS 2003 02/08/94- 447 -94 DISEÑO 3,910,402,079 OBRAS COMPLEMENTARIAS 116,057,868 862,937,051 495,931,839 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 844,035,522 1,146,278,010 1,631,014,934 1,338,450,613 GARANTIA 174,812,100 4,603,483,400 5,249,347,340 6,327,484,251 9,157,553,950 10,756,782,948 3,829,154,785 INTERESES 541,238,589 1,614,953,005 1,766,895,198 281,205,723 1,798,712,264 1,544,029,337 IVA 28,831,762 12,138,470 11,661,396 6,684,721 SANTA MARTA-RIOHACHA- PARAGUACHON- 02/08/94 - 445-94 DISEÑO 5,715,820,605 OBRAS COMPLEMENTARIAS 4,710,829,901 1,816,419,798 3,759,490,580 381,720,896 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 880,034,000 INTERVENTORIA 165,499,351 200,000,000 REHABILITACIÓN 18,483,120,939 4,426,610,099 GARANTIA 3,665,743,150 3,380,082,600 5,010,784,100 8,887,526,711 11,051,972,225 10,056,112,026 4,585,072,140 INTERESES 810,896,605 1,777,752,693 3,274,110,363 3,124,925,661 2,734,710,198 APORTE ESTADO -RENEGOCIACION 1,283,312,556 IVA 70,175,599 36,646,052 75,880,066 195,069,439 CARRETERAS NACIONALES DEL META - 02/08/94 - 446-94 DISEÑO 1,308,739,020 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 5,114,036,383 938,017,229 GARANTIA 1,275,240,000 5,595,730,909 9,794,872,347 10,492,825,487 9,660,203,653 4,403,970,459 INTERESES 1,956,251,862 1,870,383,443 1,509,115,087 2,308,653,715 1,046,809,288 INTERVENTORIA 60,443,933 INTERESES 641,780,664 DESARROLLO VIAL NORTE DE BOGOTA- 24/11/94 - 664-94 ESTUDIOS 389,171,092 OBRAS COMPLEMENTARIAS 3,076,143,000 ITEM NO PREVISTOS 8,852,857,000 PREDIOS 4,953,354,656 24,545,847,134 24,198,948,000 11,293,000,000 LOS PATIOS LA CALERA GUASCA - 02/08/94 - 448-94 OBRAS COMPLEMENTARIAS 760,742,287 506,409,231 659,224,606 2,637,013,512 GARANTIA 556,108,667 1,078,300,577 2,081,374,484 3,520,836,406 3,950,451,200 4,238,368,665 1,222,166,882 INTERESES 245,966,940 141,097,038 517,300,517 792,723,057 291,421,787 DISEÑOS 641,882,894 COSTOS DE OPERACIÓN 341,727,447 FICHAS 2,000,000 INTERVENTORIA 461,278,461 152,177,396 8,708,772 84,000,000 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 2,052,219,352 748,359,789 IVA 3,189,979 28,500,973 INDICE DE ESTADO 103,531,837 MAYORES COSTOS ADMON PATIOS 221,698,450 196,046,278 ADMON PEAJES 1,225,792,915 CARTAGENA -BARRANQUILLA- 24/08/94 - 503-94 GARANTIA 2,474,869,556 2,158,870,000 2,650,867,354 4,379,240,200 2,454,642,244 7,648,596,816 853,170,809 MAYORES COSTOS ADMON 1,103,358,984 INTERESES 24,459,856 341,130,000 361,321,600 1,361,302,800 857,113,376 1,870,648,762 324,411,553 OBRAS COMPLEMENTARIAS 7,271,561,856 1,845,981,120 INTERVENTORIA 4,000,000 IVA 11,593,179 BOGOTA- CAQUEZA- VILLAVICENCIO- 12/08/94 - 444-94 APORTE ESTATAL 14,698,910,045 13,634,808,814 PREDIOS 2,019,733,725 GARANTIA 3,396,341,312 3,269,124,288 9,237,300,800 11,593,721,270 2,358,778,694 MAYORES CANTIDAS DE OBRA 1,741,302,681 13,834,376,458 6,841,611,631 2,941,494,506 INTERESES 192,705,062 489,891,480 1,161,272,513 4,196,613,363 1,658,553,035 OBRAS COMPLEMENTARIAS 7,183,962,890 10,740,984,232 ESTUDIOS 185,688,055 COSTOS ADICIONALES TRAMO 6 810,000,000 DESARROLLO VIAL ORIENTE MEDELLIN- 23/05/96 - 275--96 PREDIOS 9,882,425,414 2,943,013,591 DIFERENCIAL TARIFARIO 6,974,755,863 INGRESOS NO PERSIVIDOS 3,482,230,546 GARANTIA 24,150,093,637 12,206,256,527 INTERESES 6,084,468,939 FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES- 15/08/95 - 937-95 PREDIOS 17,677,916,668 ARMENIA PEREIRA MANIZALES - 21/04/08 - 113-97 APORTE ESTATAL 9,930,000,000 24,230,000,000 29,295,000,000 Segunda y Tercera Generación MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA - 005-99 APORTE ESTATAL 4,000,000,000 ZIPAQUIRA- PALENQUE- 26/07/01 - 1161- 2001 APORTE ESTATAL 7,100,000,000 BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO- 23/10/02 - 377-2002 APORTE ESTATAL 17,378,218,454 FIDUCIARIA LA PREVISORA S,A. 2,627,800,000 TOTALES 20,266,214,757 62,053,906,568 104,053,982,903 86,898,824,412 97,160,454,614 108,042,266,711 129,600,454,861 43,437,800,000 46