Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible Resumen Ejecutivo Octubre 2021 Región de América Latina y el Caribe, Sostenibilidad Social e Inclusión © 2021 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Teléfono: 202-473-1000 Sitio web: www.worldbank.org Este trabajo ha sido elaborado por el personal del Banco Mundial, con contribuciones externas. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en este volumen no reflejan necesariamente las opiniones del Banco Mundial, de su Junta de Directores Ejecutivos, ni de los gobiernos al que éstos representan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud, integridad o vigencia de los datos incluidos en este trabajo y no asume responsabilidad por ningún error, omisión o discrepancia en la información, ni responsabilidad con respecto al uso o no uso de la información, métodos, procesos o conclusiones expuestas. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás datos que aparecen en los mapas de este documento no implican juicio alguno por parte del Banco Mundial sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. Ningunos de los contenidos de este documento constituirá ni se considerará como una limitación o renuncia a los privilegios e inmunidades del Banco Mundial, los cuales están específicamente reservados. Derechos y permisos El material de este trabajo está sujeto a derechos de autor. Debido a que el Banco Mundial fomenta la difusión de su conocimiento, este trabajo puede ser reproducido, en su totalidad o en parte, con fines no comerciales, siempre que se dé la atribución completa a este trabajo. Atribución — cite el trabajo de la siguiente manera: Banco Mundial. 2021. Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible. Resumen ejecutivo. Washington, DC: Banco Mundial. Traducciones — si crea una traducción de este trabajo, agregue el siguiente descargo de responsabilidad junto con la atribución: Esta traducción no fue creada por el Banco Mundial y no debe considerarse una traducción oficial del Banco Mundial. El Banco Mundial no será responsable de ningún contenido o error en esta traducción. Adaptaciones — si crea una adaptación de este trabajo, agregue el siguiente descargo de responsabilidad junto con la atribución: Esta es una adaptación de un trabajo original del Banco Mundial. Los puntos de vista y opiniones expresados en la adaptación son responsabilidad exclusiva del autor o autores de la adaptación y no cuentan con el respaldo del Banco Mundial. Contenido de terceros: el Banco Mundial no es necesariamente el propietario de cada componente del contenido incluido en el trabajo. Por tanto, el Banco Mundial no garantiza que el uso de cualquier componente individual de propiedad de terceros o parte contenida en el trabajo no infringirá los derechos de esos terceros. El riesgo de reclamos derivado de dicha infracción recae únicamente sobre usted. Si desea reutilizar un componente del trabajo, es su responsabilidad determinar si se necesita permiso para tal reutilización y obtener el permiso del propietario de los derechos de autor. Los ejemplos de componentes pueden incluir, pero no se limitan a tablas, figuras o imágenes. Todas las consultas sobre derechos y licencias deben dirigirse a Publicaciones del Banco Mundial, Grupo del Banco Mundial, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE. UU. correo electrónico: pubrights@worldbank.org. Edición: John Dawson Traducción: Agnes Mondragón Celis Diseño gráfico: Shinny Montes Resumen Ejecutivo Alrededor de 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Hasta hace poco, no eran incluidas en las estadísticas o el diseño de políticas públicas en la mayoría de los países, lo cual volvía su situación y aspiraciones en gran medida invisibles. En la última década, sin embargo, ha habido un cambio importante. Los países de la región han ratificado unánimemente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y restructurado sus marcos legales para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Gracias al trabajo dedicado de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, los países han adoptado gradualmente leyes de no discriminación, principios de diseño universal y mejores criterios de recolección de datos. La inclusión de las personas con discapacidad ha adquirido un lugar cada vez más central en las discusiones de políticas públicas en materia de educación, trabajo, salud y participación política. Estos reajustes han sentado las bases para construir un futuro inclusivo de las personas con discapacidad. Sin embargo, la plena inclusión de las personas con discapacidad continúa siendo un objetivo difícil de alcanzar. A pesar de su creciente visibilidad, las personas con discapacidad son más propensas a vivir en hogares que son más pobres que el promedio, están sobrerrepresentadas entre quienes son vulnerables a caer en la pobreza, tienen mayor probabilidad de vivir en barrios informales, tienen menos años de educación y tienden a estar fuera del mercado laboral. En muchos lugares viven aislados en entornos físicos y virtuales inaccesibles y enfrentan barreras para la inclusión de sus perspectivas y prioridades en la toma Resumen Ejecutivo 3 de decisiones. En cada rincón de la región, las personas con discapacidad son víctimas persistentes de la discriminación y enfrentan barreras estructurales que limitan su desarrollo personal y movilidad social. La inclusión de las personas con discapacidad es importante en sí misma, para construir sociedades más equitativas y cumplir con las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero también es crucial porque su exclusión amenaza con volver insostenibles las oportunidades de desarrollo de la región. En uno de cada cinco hogares clasificados como de pobreza extrema (debajo de la línea de pobreza de $3.2 al día) vive una persona con discapacidad y cerca de siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza. Este escenario negativo es un reflejo de su exclusión de los mercados, servicios y espacios, lo cual aumenta su vulnerabilidad a las crisis económicas o a los impactos de la pandemia de COVID-19. Dado que es una de las regiones del mundo que más rápido están envejeciendo, América Latina y el Caribe solo verá aumentar el número de personas con discapacidad. Esto impondrá retos a la sostenibilidad de largo plazo de la recuperación económica posterior a la pandemia. En este sentido, crear un futuro sostenible y mejorar la resiliencia de la región implica situar la inclusión de las personas con discapacidad en el centro de la agenda de desarrollo. Esto resulta particularmente relevante hoy, mientras la región lucha por encontrar de nuevo un camino de crecimiento inclusivo tras años de deterioro económico y las secuelas de la pandemia. Con base en los datos más recientes disponibles, este reporte examina la situación de las personas con discapacidad y sus hogares en América Latina y el Caribe: los desafíos que enfrentan, las causas subyacentes de su exclusión y la diversidad de soluciones potenciales que se han propuesto hasta ahora. El reporte celebra los numerosos logros de la década anterior, al tiempo que subraya el largo camino que queda por recorrer para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Así, busca constituir la base de iniciativas futuras de política pública y amplificar la voz de las personas con discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Con base en esta definición, la exclusión de las personas con discapacidad resulta de un conjunto de barreras ambientales y sociales que obstruyen su plena participación. Como subraya este reporte, estas barreras pueden ser más restrictivas para ciertos 4 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe subgrupos que ya enfrentan desventajas acumulativas y menos oportunidades, tales como las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Evaluar la situación de las personas con discapacidad a lo largo del tiempo en la región resulta desafiante, debido al uso dispar de las variables de discapacidad en las estadísticas oficiales. En la década de los 80s, solo cuatro de los 30 países en América Latina y el Caribe incluían una variable de discapacidad en sus censos nacionales, la cual se basaba principalmente en criterios médicos que buscaban documentar “deficiencias”—sensoriales, físicas o mentales—que equiparaban la discapacidad con la enfermedad o las lesiones. Sin embargo, en las dos rondas censales más recientes, la mayoría de los países han mejorado sus métodos de recolección de datos para identificar a las personas con discapacidad, en gran medida gracias a su activismo. La región ha adoptado gradualmente las recomendaciones del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, un estándar global que busca alinear los criterios de recolección nacional de datos con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para los años 2010, 24 de 30 países habían incluido una pregunta sobre estatus de discapacidad en el cuestionario de su censo, 20 de las cuales seguía en cierto grado las recomendaciones del Grupo de Washington. Este cambio ha aportado una imagen más completa de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, con implicaciones importantes para la planeación de políticas públicas. En la medida que la región se embarca en la ronda de censos de la década de 2020 y continúa armonizando sus criterios metodológicos, los datos sobre las personas con discapacidad serán más robustos y comparables. El análisis cuantitativo de este reporte se basa en datos censales de 16 países, que se utilizan para describir el número de personas con discapacidad, sus características socioeconómicas, dónde y cómo viven y las brechas en el acceso a servicios, mercados y espacios. Se utilizaron encuestas de hogares de ocho países para identificar causalidad en la intersección entre discapacidad y pobreza, educación, el mercado laboral, género e identidad etnoracial, entre otros. El reporte también se basa en encuestas de discapacidad de 10 países, encuestas de salud de Brasil y Chile, sondeos de opinión, registros oficiales, bases de datos de certificaciones de discapacidad y literatura secundaria. Este reporte se fundamenta también en un análisis legal e institucional de 33 países que busca rastrear el nivel de adherencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, el reporte se benefició de un proceso intensivo de diálogo con organizaciones de personas con discapacidad y otras partes interesadas en diferentes países, incluyendo comisiones nacionales sobre discapacidad y personas con discapacidad, que se llevó a cabo en 2020-2021. Al combinar fuentes de información, métodos de investigación y ejercicios de validación cruzada, el reporte ofrece una imagen amplia de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Resumen Ejecutivo 5 Con base en datos disponibles de la última ronda de censos (21 países), existen cerca de 85 millones de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe lo que equivale a 14.7 por ciento de la población regional. Cerca de uno de cada tres hogares (o 52 millones) tiene al menos una persona con discapacidad y casi tres de cada 10 personas con discapacidad (o 16.9 millones) reportan tener una discapacidad severa.1 Desagregadas por tipo de discapacidad, las dificultades motoras son las formas más comunes, seguidas de las relacionadas a la visión. Las discapacidades psicosociales son las formas menos reportadas, un patrón que muy probablemente refleja prácticas de recolección de datos persistentemente discriminatorias y una brecha de conocimiento. Los datos de discapacidad de la región aún tienen numerosas limitaciones. En muchos países, los datos cuantitativos son relativamente recientes y tienen otras restricciones en materia de extensión temporal, comparabilidad y cobertura de ciertos subgrupos (especialmente personas con discapacidades psicosociales e intelectuales). Trece de los 16 censos con microdatos disponibles no se adhieren por completo a las recomendaciones del Grupo de Washington, lo que restringe las comparaciones entre países. Por éstas y otras razones, las estimaciones regionales presentadas aquí no son definitivas, sino las mejores aproximaciones posibles. El marco de inclusión social El reporte aborda el estudio de las personas con discapacidad mediante la lente de inclusión social. Desarrollado por el Banco Mundial en 2013, el marco de inclusión social parte del supuesto de que la pobreza existe y persiste debido a restricciones impuestas a ciertos grupos, basadas en su identidad, que impiden la acumulación óptima de capital humano, el acceso irrestricto a los servicios y mercados y la participación en la vida pública. Las personas con discapacidad son uno de esos grupos. Debido a una larga historia de prejuicios, han sido objeto de invisibilidad estadística, marginación de las escuelas y los lugares de trabajo y actitudes discriminatorias que aún están arraigadas en el tejido social de la región. La inclusión social se refiere, entonces, al “proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad”.2 La exclusión basada en la discapacidad es un fenómeno complejo y con diversas dimensiones. Como parte de la condición humana, la discapacidad existe en todos los grupos sociales, sin importar su nacionalidad, 1 Véase el capítulo 2 para obtener detalles sobre la metodología utilizada para estas estimaciones. 2 World Bank, Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity (Washington, DC: World Bank, 2013), 110. 6 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe religión, género, raza, etnicidad o edad. Aún si nunca lo experimentan de primera mano, es probable que casi todas las personas ofrezcan cuidados o interactúen con amigos, parientes o colegas con discapacidad en el transcurso de su vida. A pesar de su universalidad, una dificultad puede producir diferentes efectos, dependiendo de dónde vive la persona, su estatus socioeconómico, género, raza y etnicidad u otras circunstancias individuales o colectivas (desde las oportunidades que están presentes al nacer hasta las capacidades y habilidades que acumulen a lo largo de su vida). Así, este reporte presta particular atención al género, la raza, etnicidad, el lugar de nacimiento o de residencia y las intersecciones entre éstos como elementos que pueden minimizar o amplificar la exclusión. A lo largo y ancho de la región, las personas con discapacidad están distribuidas de forma desigual en las diferentes categorías sociales. Vivir en un contexto rural o ser pobre, mujer, indígena o afrodescendiente aumenta tanto la probabilidad de desarrollar una dificultad como la intensidad de sus efectos excluyentes. Aunque la literatura secundaria y los reportes de organizaciones de personas con discapacidad también documentan que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y de otras formas de diversidad de género (LGBTI+) y los migrantes con discapacidad enfrentan niveles más altos de exclusión, este reporte no examina de cerca a las minorías sexuales o a los migrantes por la limitación de datos disponibles. Por restricciones de espacio y debido a nuestro enfoque en la inclusión, en lugar de prevención, este reporte también omite algunos factores estructurales que contribuyen a aumentar las tasas de discapacidad en ciertos grupos (tales como la violencia o los desastres naturales), aunque los autores están plenamente conscientes de la importancia de explorar estos temas más profundamente. Además de las identidades superpuestas, este reporte explora lo que la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud llama “factores ambientales”, un término amplio que abarca los entornos naturales y construidos, los bienes de consumo, las tecnologías de la información y comunicación, el transporte público y privado, la prestación de servicios, los lugares de trabajo, las leyes y prácticas institucionales, así como las actitudes y percepciones. Los entornos pueden ser heterogéneos y dinámicos y sus características restrictivas o habilitantes pueden delinear el nivel de participación de una persona. Las actitudes sesgadas, por ejemplo, pueden permear los espacios institucionales como las escuelas, donde el bullying se normaliza, o los lugares de trabajo, donde a las personas con discapacidad no se les asciende o contrata. Con el tiempo, estas actitudes y percepciones discriminatorias pueden normalizar la idea de que las personas con discapacidad no pueden trabajar, ir a la escuela o navegar las ciudades en igualdad de condiciones. Resumen Ejecutivo 7 La pobreza y el acceso a los servicios La pobreza y la discapacidad se exacerban mutuamente. La prevalencia de la discapacidad es mayor en los quintiles de ingreso más bajos de todos los países, donde las personas están más expuestas a entornos y trabajos que pueden provocar una discapacidad, tienen un acceso más precario a la salud, una acumulación de capital humano más baja y, en general, viven en contextos más restrictivos y menos inclusivos. En uno de cada cinco hogares clasificados como de pobreza extrema (debajo de la línea de pobreza de $3.2 al día) vive una persona con discapacidad. Además, hay una incidencia mayor al promedio de pobreza monetaria (bajo la línea de pobreza de $5.5 al día) entre los hogares con personas con discapacidad en la mayoría de los países analizados. Asimismo, en todos los países, los hogares con personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de ser vulnerables (línea de pobreza de $13 al día) (gráfico RE1). Esto resulta especialmente alarmante al considerar que las personas con discapacidad a menudo tienen gastos básicos adicionales, incluyendo más facturas médicas, tarifas de transporte privado, ropa o dietas especializadas u otros costos relacionados a los dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, adaptaciones al hogar y cuidado profesional. Gráfico RE1. Cambio en la probabilidad de ser pobre ($1.9, $3.2, $5.5 al día) o vulnerable ($13) si el hogar tiene personas con discapacidad 12 10 9.5 Cambio en la probabilidad de ser pobre o vulnerable (%) 8 6.7 6.4 6.7 6.2 6.2 6 5.3 5.0 4.3 4.3 4.4 4 3.4 3.0 2.8 2.1 1.7 2 0.8 0 Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú $1.9 $3.2 $5.5 $13.0 (vulnerable) Nota: Regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés) del estatus de pobreza del hogar (bajo las líneas globales de pobreza de $1.9, $3.2 y $5.5 al día) o vulnerable ($13 al día), controlando por área (urbana/rural), género del jefe de familia, estatus marital, nivel de escolaridad, grupo de edad, número de hijos (si dos o más hijos o no). La gráfica solo incluye efectos significativos a 95 por ciento. 8 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe La pobreza también tiene un mayor impacto en las personas con discapacidad que viven en áreas rurales o tienen otras características demográficas, tales como ser mujer o identificarse como miembro de una minoría etnoracial. En la mayoría de los países incluidos en este reporte, la probabilidad de ser pobre para un hogar con una persona con discapacidad aumenta notablemente si al menos un miembro de ese hogar se identifica como indígena o afrodescendiente. Los incrementos más abruptos se encuentran en Bolivia (13.1 puntos porcentuales), seguido de México y Perú (ambos alrededor de 7.6 puntos porcentuales). La evolución de las brechas de pobreza entre personas con discapacidad y aquellas sin discapacidad a lo largo de las últimas dos décadas cuenta una historia heterogénea. Mientras en algunos países, como México y Perú, estas brechas se han mantenido estancadas, en Chile y Costa Rica han logrado cerrarse. Estos notables logros pueden atribuirse a políticas inclusivas sostenidas, conformadas principalmente por una combinación de transferencias monetarias y programas focalizados que responden a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Sin embargo, si se mira más allá de las necesidades inmediatas, a las que alude la línea de pobreza, el panorama resulta más complejo. Alrededor de siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad se mantienen en un área de vulnerabilidad (menos de $13 al día). Esto significa que, aunque no son pobres en términos monetarios, son susceptibles de caer en la pobreza si ocurre una crisis, ya sea económica, un desastre natural o una pandemia, debido a su proximidad a la línea de pobreza. En Costa Rica, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen una alta probabilidad de ser vulnerables (9.5 por ciento), lo cual sugiere que las fuertes políticas de reducción de la pobreza han sido altamente efectivas para sacar de la pobreza a los hogares con personas con discapacidad (principalmente mediante transferencias monetarias), pero no han sido suficientes para situarlos por encima de la línea de vulnerabilidad. Como la pandemia de COVID-19 ha mostrado, los hogares que viven en los márgenes de la pobreza pueden caer en ella con mucha rapidez, revirtiendo así décadas de logros sociales en unos cuantos meses. Además de niveles de ingreso más bajos, las personas con discapacidad tienen un menor acceso a servicios de calidad (tales como drenaje, electricidad y agua). La pobreza multidimensional es alrededor de 1.4 veces más alta en sus hogares que en los que no tienen personas con discapacidad. Asimismo, tienen un menor acceso a internet, computadoras y celulares. Tales disparidades amenazan con incrementar la brecha digital, que en el contexto de COVID-19 puede afectar de manera desproporcionada sus perspectivas de educación y empleo. Resumen Ejecutivo 9 Acceso a la educación Por décadas, a los niños y jóvenes con discapacidad les fue negado el derecho a matricularse en escuelas convencionales y fueron (y muchos siguen siendo) relegados a instituciones especiales que los mantenían aislados y a menudo los dotaba de menos capacidades y conocimiento para llevar vidas independientes. Sin embargo, en los últimos años la región ha tomado medidas para mejorar la accesibilidad de las escuelas y promover planes de estudio flexibles y prácticas de recolección de datos inclusivas. Alrededor de 22 países han promulgado leyes que prohíben la discriminación por discapacidad en las escuelas y más de 20 países poseen marcos legales que garantizan el acceso de niños con discapacidad a todos los niveles educativos. Gracias a éstos y otros esfuerzos, las tasas de matriculación de los niños con discapacidad han aumentado de manera constante en numerosos países, lo que muestra un camino lento pero seguro hacia escuelas inclusivas de los niños y jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, en Chile, Costa Rica y Uruguay, la brecha en la educación primaria entre niños con y sin discapacidad ha disminuido a menos de 5 puntos porcentuales. A pesar de estos pasos positivos, el promedio regional de niños con discapacidad fuera de la educación primaria es cuatro veces más alto que el de niños sin discapacidad y, manteniendo todo lo demás constante, tienen una probabilidad significativamente menor de asistir a la escuela (gráfico RE2). De hecho, el analfabetismo es cinco veces más alto entre personas con discapacidad (22.1 frente a 4.3 por ciento). Los niños con Gráfico RE2. Disminución en la probabilidad de asistir a la escuela si la persona tiene discapacidad, edades 6–17 y 18–25 Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú 0 Disminución en la probabilidad de asistir a la escuela si la persona tiene discapacidad (%) -2 -1.8 -4 -2.9 -6 -4.6 -8 -6.7 -7.6 -10 -9 -12 -11.0 -14 -12 -13.0 -16 -14.0 -14.3 -14.8 -14.9 -18 -17.8 -20 Edad 6–17 Edad 18–25 Fuente: Cálculos del autor utilizando la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC, por sus siglas en inglés) (CEDLAS y el Banco Mundial). Nota: OLS controlando por género, área de residencia (urbana/rural), edad, nivel educativo del jefe de familia y edad del jefe de familia. Los resultados son estadísticamente significativos (al menos p < 0.01). 10 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe discapacidad son más propensos a abandonar la escuela, ausentarse de clases y sufrir discriminación y violencia en el contexto escolar. Las causas son complejas, pero muy pocos países en América Latina y el Caribe ofrecen educación inclusiva para la primera infancia, sin mencionar instalaciones y programas inclusivos, lo cual sitúa a los niños con discapacidad en una posición desigual desde una edad temprana. Las brechas en la asistencia a la escuela y graduación son aún más pronunciadas en el nivel secundario, lo que muestra que existen problemas para mantener a los alumnos motivados a medida que avanzan de un nivel escolar al siguiente. Como resultado, las personas con discapacidad (de entre 15 y 25 años) son 21 y 23 por ciento menos propensas a completar la educación primaria y secundaria, respectivamente, que sus pares. Esta situación se exacerba para quienes pertenecen a una minoría étnica (gráfico RE3). También son 9 por ciento menos propensas a terminar la educación terciaria. El cierre de las escuelas causado por la pandemia de COVID-19 amenaza con agravar este desalentador escenario. Gráfico RE3. Disminución en la probabilidad de completar la educación por discapacidad y estatus minoritario, todos los niveles de discapacidad (%) Brasil Costa Rica Ecuador México Uruguay Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Terciaria Terciaria Terciaria Terciaria Terciaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Disminución en la probabilidad de completar la educación 0 -4 -6 -6 por discapacidad y estatus minoritario (%) -9 -9 -10 -11 -11 -8 -10 -12 -13 -12 -14 -19 -20 -17 -22 -23 -23 -24 -25 -27 -25 -30 -27 -28 -28 -30 -33 -35 -40 -43 -50 -50 -60 Discapacidad Discapacidad+disminución adicional por pertenecer a una minoría etnoracial Fuente: Cálculos del autor utilizando la Serie de Microdatos Integrados para el Uso Público (IPUMS, por sus siglas en inglés). Nota: Los resultados de estatus “minoritario” se refieren a afrodescendientes en Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay y autoidentificación como indígenas en México. Resumen Ejecutivo 11 Numerosos factores obstruyen el desempeño de los niños y jóvenes con discapacidad en la escuela, como la persistencia de instituciones de educación especial que no los dotan de las capacidades necesarias, la inaccesibilidad de los materiales de aprendizaje y la ausencia de tecnologías de apoyo y de capacitación para los maestros y el liderazgo escolar. Los maestros tienen un papel esencial en la provisión de oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los alumnos, incluyendo los que tienen discapacidad. Sin embargo, en la región el personal de las escuelas—tales como los asistentes de los maestros, los maestros especializados en discapacidad, los voluntarios de la comunidad y otros profesionales—no recibe capacitación profesional previa o en su trabajo, que le brinde las competencias socioemocionales para trabajar con estudiantes con discapacidad. Tampoco se ofrece conocimiento sobre pedagogías inclusivas, diseño de planes de estudios y los principios del Diseño Universal de Aprendizaje. Asimismo, los estudiantes con discapacidad en la región a menudo asisten a escuelas inaccesibles, que no responden a sus necesidades y que además son hostiles socialmente—es decir, están permeadas por formas de discriminación y prejuicio que afectan su desempeño y bienestar socioemocional. El estigma y la invisibilidad que históricamente han rodeado a la discapacidad pueden observarse incluso en los materiales de aprendizaje. Un reporte del Banco Mundial de próxima publicación sobre educación inclusiva evaluó 40 libros de texto oficiales o recomendados por el gobierno sobre historia e idiomas, que cubrían educación primaria y secundaria en 10 países, y encontró que las personas con discapacidad aparecían en solo 83 de las 5,100 imágenes, 65 de las cuales estaban contenidas en un mismo libro en Ecuador. En algunos países (como Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela), los libros de texto no tenían imagen alguna y los de otros cinco países (Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú) tenían, combinados, solo seis imágenes. Las representaciones estereotipadas de la discapacidad en los materiales de enseñanza debilitan el sentido de pertenencia y dignidad de los estudiantes con discapacidad e inhiben el aprendizaje de capacidades no cognitivas, como la tolerancia y empatía, en el salón de clases. Aunque países como Chile y Costa Rica han estrechado las brechas en la culminación de la educación primaria entre niños con y sin discapacidad e introducido cambios importantes en materia de planes de estudios, accesibilidad y capacitación de los maestros, la mayoría de los estudiantes con discapacidad en América Latina y el Caribe aún se encuentran en desventaja. Sin las capacidades y el conocimiento adquiridos en la escuela, las personas con discapacidad pueden experimentar consecuencias económicas profundas y de largo plazo, especialmente al intentar navegar el mercado laboral. 12 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe Acceso al mercado laboral Las personas con discapacidad son excluidas del mercado laboral en forma abrumadora. Uno de cada dos jefes de familia con discapacidad está inactivo, es decir, no trabaja ni busca trabajo. La inactividad tiene un impacto mayor en las mujeres con discapacidad: 57 por ciento de ellas están inactivas, en comparación con 40 por ciento de sus pares masculinos con discapacidad. Sin embargo, en lugar de una abierta autoexclusión, las tasas de inactividad sugieren la existencia de obstáculos a la búsqueda de trabajo y la contratación que evitan que muchos individuos absolutamente competentes se incorporen a la fuerza de trabajo. En contraste con otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe no muestra una diferencia significativa en las tasas de desempleo entre personas con y sin discapacidad en el nivel individual. Sin embargo, independientemente de su línea de trabajo, las personas con discapacidad tienden a recibir menores salarios por el mismo tipo de empleo, incluso aunque posean las mismas cualificaciones. En Costa Rica y México, por ejemplo, un trabajador con discapacidad gana en promedio $0.8 de cada $1 que recibe un trabajador sin discapacidad. Y, manteniendo todo lo demás constante, las personas con discapacidad ganan entre 6 y 11 por ciento menos por el mismo tipo de empleo que otros trabajadores en la región. Si consideramos también las desventajas vinculadas a otras identidades superpuestas, como la raza, la etnicidad o el género, las disparidades salariales aumentan aún más (gráfico RE4). Estas desigualdades salariales tienen repercusiones que afectan a otros miembros del hogar (quienes también reciben ingresos comparativamente menores). Así, la ausencia de políticas que promuevan la independencia de las personas con discapacidad no solo las priva de un ingreso; también priva de un ingreso a otros miembros del hogar, típicamente mujeres, quienes a menudo llevan a cabo trabajo no remunerado. Entre cinco y siete de cada 10 jefas de familia de hogares con una persona con discapacidad están desempleadas, tendencia que debilita el ahorro de las mujeres en el largo plazo. En países tan diversos como Bolivia y Costa Rica, este efecto contrae los ingresos de otros miembros de hogares con una persona con discapacidad en alrededor de 10 por ciento. Asimismo, las personas con discapacidad a menudo trabajan en condiciones nocivas. La informalidad, por ejemplo, es en promedio 11 por ciento más alta que entre personas sin discapacidad. Un trabajo informal implica la exclusión de los sistemas de seguridad social, esquemas de retiro y servicios de salud a través del empleo. Los lugares de trabajo informales también son menos propensos a ofrecer ajustes razonables o dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, lo cual aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales. Resumen Ejecutivo 13 Gráfico RE4. Disminución porcentual del salario si la persona (edades 18-59) tiene discapacidad y es mujer, vive en un área rural o es indígena/afrodescendiente Bolivia (2018) Chile (2017) Costa Rica (2018) México (2018) Perú (2018) 10 Disminución de puntos porcentuales en el salario (%) 7.7 5 0 -5 -6.6 -10 -8.3 -11.0 -11.1 -10.5 -11.4 -15 -14.2 -16.8 -16.5 -17.5 -20 -20.2 -20.9 -25 -22.9 Todos Mujer Rural Minoría etnoracial Fuente: Cálculos del autor utilizando SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). Nota: Regresión OLS del efecto marginal de la discapacidad en el ingreso (log ingreso por hora en ocupación principal) controlando por discapacidad, género, área de residencia, grupo de edad (18–25, 26–44, 45–55, 56–59), informalidad, nivel de escolaridad (primaria completa, secundaria completa, terciaria), tipo de empleo (trabajo remunerado, autoempleo y trabajo no remunerado), agricultura (dentro o fuera), experiencia (definida como experiencia potencial, que es igual a la diferencia entre edad y años de escolaridad menos seis años), experiencia y ocupación al cuadrado (1 “gerentes, profesionales, científicos, intelectuales”; 2 “técnicos y asociados”; 3 “personal administrativo”; 4 “vendedores y trabajadores del sector de servicios”; 5 “trabajadores agropecuarios calificados”; 6 “artesanos y trabajadores en oficios similares”; 7 “operadores de plantas y máquinas y maquiladores”; 8 “ocupaciones elementales”). La variable de etnicidad no está disponible para Costa Rica; esta variable se estimó utilizando respuestas armonizadas a la pregunta sobre autoidentificación como persona indígena o afrodescendiente. Incluye resultados estadísticamente significativos (al menos p < 0.01). Hacia un futuro inclusivo de la discapacidad La exclusión de personas con discapacidad es un problema complejo y multidimensional. Esto responde a la heterogeneidad inherente a la discapacidad y las formas en que los entornos, las dificultades, identidades y condiciones socioeconómicas producen situaciones altamente específicas que requieren soluciones a la medida. El cambio hacia la inclusión es, sin duda, posible, aunque siglos de segregación no pueden disiparse inmediatamente. Consciente de estas complejidades, el presente reporte no ofrece recomendaciones específicas, sino que delinea a grandes rasgos un mapa que puede ser la base del diseño de políticas de inclusión social que respeten la dignidad y perspectivas de las personas con discapacidad. 14 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe Amplificar la voz y el reconocimiento de las personas con discapacidad Históricamente, las personas con discapacidad han luchado por hacerse oír en debates sobre inclusión y desarrollo. La situación está cambiando en la región, con recientes reformas progresivas y el reconocimiento de errores del pasado. Sin embargo, queda mucho por hacer para que su participación plena y efectiva sea una realidad. Un ejemplo alarmante son las restricciones a la capacidad legal en muchos países, particularmente las que están dirigidas a personas con discapacidades intelectuales y psicosociales. Estas limitaciones pueden privar a una persona de su libertad y capacidad de tomar decisiones sobre su salud, finanzas y bienestar, violando así su dignidad y derechos esenciales. La falta de voz y reconocimiento también se manifiesta en expresiones discriminatorias más sutiles, aparentemente inofensivas, que van desde el humor hasta la evasión. Gradualmente, estas dinámicas pueden llevar a las personas con discapacidad a optar por no postularse para empleos, asistir a la escuela o navegar espacios públicos, especialmente si su dignidad y seguridad podrían estar comprometidas. Como este reporte lo muestra, las actitudes y creencias discriminatorias continúan arraigadas en las instituciones, pero también en entornos más íntimos, como entre vecinos y miembros de la familia. En El Salvador, por ejemplo, cinco de cada 10 personas con discapacidad se sintieron discriminadas por sus propios vecinos y cuatro de 10 por sus familias. Tanto si están escritas en la ley como si forman parte de interacciones cotidianas, estas dinámicas pueden reafirmar nociones sesgadas de lo que las personas con discapacidad pueden y no pueden hacer, así como de sus contribuciones potenciales a la sociedad. Fortalecer la voz y el reconocimiento de las personas con discapacidad debe comenzar respondiendo a su enorme sub-representación en los ámbitos de toma de decisiones. Alrededor de 18 países en América Latina y el Caribe tienen criterios que niegan el derecho a postularse a elecciones por razones de discapacidad. Sin la participación de las personas con discapacidad, las instituciones, los empleadores y los prestadores de servicios pueden caracterizarlas inadecuadamente o ignorar sus necesidades. Poner la voz de los grupos excluidos en primer plano también es necesario para evitar reproducir prejuicios. Cuando las personas con discapacidad no son visibles—por encontrarse segregados en salones de clase o lugares de trabajo — se reafirman concepciones equivocadas de la discapacidad, reduciendo las posibilidades de construir una sociedad inclusiva. Amplificar la voz y autonomía de las personas con discapacidad difícilmente sucede sin el respaldo de movimientos sociales y la voluntad política de convertir los cambios legales en acciones concretas. La mayoría de los países han expandido la protección de las personas con discapacidad a través de nuevas Resumen Ejecutivo 15 leyes transversales. Mientras se escribía este reporte, se estaban llevando a cabo importantes reformas progresivas, incluyendo la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad en El Salvador en agosto de 2020 y la reforma constitucional en Chile de diciembre de 2020, que reserva cuotas para la participación política. Muchos códigos legales contienen disposiciones antidiscriminatorias que aplican específicamente a personas con discapacidad, en ocasiones en el nivel constitucional. Sin embargo, dada la limitada capacidad de aplicación, solo unos cuantos países han logrado convertir las disposiciones de la ley en programas efectivos de empleo, educación y servicios de salud. Para hacer cumplir los derechos obtenidos, los países deberán resolver problemas relacionados a una débil capacidad institucional, mecanismos poco efectivos de rendición de cuentas y la insuficiencia de recursos. Además, los gobiernos deben ampliar los canales de participación existentes y fortalecer la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad. Comenzar con un diagnóstico robusto y completo El diseño de políticas para la inclusión de la discapacidad debe empezar con un buen diagnóstico. La región ya ha dado pasos en la dirección correcta al fortalecer la forma en que los institutos de estadística recogen datos sobre discapacidad, rompiendo así con décadas de invisibilidad. Sin embargo, tener datos robustos y armonizados aún es una tarea pendiente. Un reto significativo que requiere atención urgente es la invisibilidad estadística de las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales. Otro desafío es la adopción lenta y desigual de las recomendaciones del Grupo de Washington en los censos y las encuestas de hogares. Otros registros estadísticos, como los oficiales o las bases de datos de certificaciones de discapacidad, también continúan usando criterios dispares que pueden provocar el subregistro de las personas con discapacidad, potencialmente excluyéndolas de los programas y beneficios públicos. La falta de datos desagregados incluso imposibilita una comprensión detallada de los impactos diferenciados de la pandemia de COVID-19 en las personas con discapacidad. En la medida que la región lleva a cabo la siguiente ronda de censos, los países deben esforzarse por estandarizar sus criterios metodológicos de formas que privilegien la comparabilidad. Para lograr este objetivo, los gobiernos deben enfocarse de forma proactiva en áreas donde los datos son escasos, desde la atención médica y participación política hasta las interacciones entre la discapacidad y las minorías vulnerables (tales como los afrodescendientes, indígenas, niños, personas LGBTI+ y migrantes). Hacer un buen diagnóstico también requiere eliminar cualquier tipo de lenguaje estigmatizador que pueda distorsionar la calidad de los datos. Un ejemplo de esto refiere a las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales. El uso de términos dispares e incluso ofensivos hace imposible entender su situación nacionalmente, y más aún a nivel regional, a pesar de que la literatura secundaria sugiere que, en comparación con otras personas 16 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe con discapacidad, tienen un menor acceso a la salud y los programas sociales, son más susceptibles a ser institucionalizadas y encarceladas y están casi ausentes de la agenda de inclusión de las personas con discapacidad. La experiencia en la región muestra que los esfuerzos de inclusión estadística deben acompañarse de capacitación para concientizar a los encuestadores y campañas públicas para abordar los sesgos relacionados al subregistro. Implementación de políticas progresivas La ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha producido una ola de políticas de inclusión de la discapacidad, desde las que garantizan la no discriminación e igualdad ante la ley hasta iniciativas focalizadas que expanden el acceso a los mercados, servicios y espacios. Algunos países, como Chile y Costa Rica, han logrado cerrar las brechas de pobreza, confirmando que los esfuerzos específicos y las transferencias monetarias pueden sacar a las personas con discapacidad de la pobreza. Algunos países, como Costa Rica y Uruguay, están disminuyendo el número de niños con discapacidad que no asisten a la escuela y otros, como Chile y Perú, han tomado medidas para limitar los impactos de la pérdida de educación durante la pandemia. En otros casos, sin embargo, las políticas de inclusión de las personas con discapacidad han producido resultados modestos, tanto porque no consideran todas las capas de exclusión relevantes como porque no hacen las conexiones adecuadas. Un ejemplo es el sistema de cuotas para contratar a personas con discapacidad en el sector público (y cada vez más en el sector privado) que existe en 18 países. Las cuotas pueden expandir el acceso a un empleo digno y reafirmar el valor de la diversidad en la fuerza laboral. Sin embargo, estos programas han resultado insuficientes, en parte porque no están acompañados de esfuerzos paralelos para fortalecer la acumulación de capital humano de los beneficiarios potenciales mediante la educación inclusiva o la adecuación de sus capacidades. Para que las cuotas funcionen debe haber una masa crítica de beneficiarios elegibles—con educación secundaria y terciaria—y campañas de concientización que disipen prejuicios sobre la productividad de las personas con discapacidad y los costos de su inclusión. Ir de los derechos a la acción también requiere de políticas con responsabilidades claras y mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas, así como objetivos específicos, cuantificables y, en algunos casos, hechos a la medida para monitorear el progreso y dar cuenta de la heterogeneidad de las personas con discapacidad. El camino a la educación inclusiva ofrece lecciones importantes en este sentido. Si se interpreta de forma limitada, el progreso hacia la educación inclusiva puede medirse considerando solamente el número de estudiantes con discapacidad que dejan las escuelas especializadas para ir a las Resumen Ejecutivo 17 convencionales. Sin embargo, enfocarse exclusivamente en el número de alumnos con discapacidad en escuelas convencionales deja de lado los cambios sistémicos más amplios que se necesitan para hacer la educación realmente inclusiva, desde mejorar la accesibilidad en las escuelas, los planes de estudio y los materiales de enseñanza hasta apoyar la capacitación del personal en educación inclusiva. Esta capacitación incluye pedagogía inclusiva, el uso del Diseño Universal de Aprendizaje y un cambio en las mentalidades para crear un ambiente de aprendizaje propicio para todos los estudiantes. Además, las escuelas convencionales pueden no ser la mejor solución para todos. Los estudiantes con discapacidades auditivas podrían preferir y desarrollarse mejor en un contexto de educación bilingüe. Podrían sentirse excluidos de interacciones sociales en escuelas convencionales o rezagarse en el aprendizaje del lenguaje de señas local. Una transición no coordinada puede incluso producir deserción escolar y un fuerte sentido de alienación entre los estudiantes con discapacidad. Así, las políticas que tratan a las personas con discapacidad como un grupo homogéneo a menudo no logran combatir la exclusión. De manera similar, las políticas que conciben a las partes interesadas de forma limitada no serán capaces de promover cambios. Los maestros y las escuelas no lograrán hacer esta transición de manera exitosa sin la participación de diseñadores de políticas públicas, asistentes de maestros, maestros especializados en discapacidad, voluntarios de la comunidad, terapeutas ocupacionales y de lenguaje y los padres y estudiantes mismos. Además de tener objetivos claros y medibles, las políticas de inclusión de la discapacidad deben tener presupuestos asignados y responsabilidades institucionales claras. El aparato institucional en materia de inclusión de las personas con discapacidad en el sector público se ha expandido significativamente en años recientes. Alrededor de 20 países han creado comisiones nacionales especializadas, con un mandato multisectorial y de coordinación, con el único propósito de trabajar hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, la escasez de personal, la insuficiencia de recursos y el poder limitado dentro del gobierno a menudo disminuyen su capacidad de encabezar compromisos transectoriales que produzcan cambios significativos. Atender los obstáculos cotidianos que estas comisiones enfrentan es clave para implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y situar a la discapacidad en los diferentes niveles de gobierno de forma transectorial. Otra tarea urgente es la optimización de las evaluaciones de los programas. En la última década, la región ha implementado programas laborales para conectar a empleadores con posibles candidatos, incluyendo opciones de autoempleo, colaboraciones directas con los empleadores y asistencia en la búsqueda de trabajo. Sin embargo, una debilidad que numerosos programas comparten es la falta de evaluaciones de sus impactos y la posibilidad de adaptar programas piloto a mayores escalas. Por lo tanto, hay información muy 18 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe escasa para evaluar si esas iniciativas son efectivas, si pueden replicarse en otros lugares o si necesitan medidas correctivas para producir cambios positivos. Financiar y conducir evaluaciones completas no solo mejorará la calidad de los programas, también producirá más datos detallados y desagregados en una variedad de áreas, desde educación hasta empleo. Finalmente, es solo mediante esfuerzos enfocados y sostenidos con personas con discapacidad que los países serán capaces de combatir la exclusión. La pandemia de COVID-19 ha enfatizado la creciente necesidad de tener redes de seguridad más fuertes, diseñadas mediante diálogos y colaboraciones estrechas con personas con discapacidad en cada país. Un elemento clave para la colaboración futura debe ser el reconocimiento de que ciertos subgrupos de personas con discapacidad tienen experiencias y resultados distintos, especialmente quienes han sido afectados históricamente por otras capas de exclusión. Tomar en serio estas superposiciones puede constituir un punto inicial para planear e implementar iniciativas progresivas en materia de discapacidad. Cambiar los modelos mentales y reducir el estigma Crear un futuro que incluya a las personas con discapacidad requiere combatir los modelos mentales y estigmas que perpetúan su exclusión. Existe evidencia abundante de que los modelos mentales pueden modificar la forma en que los individuos perciben y reconocen las oportunidades y deciden si buscarán aprovecharlas (o no). La discriminación y los prejuicios que la sostienen pueden, en efecto, afectar la capacidad de las personas de identificar oportunidades y reducir así sus aspiraciones de movilidad social. También pueden disminuir sus probabilidades de terminar la escuela, obtener un trabajo digno o recibir cuidado médico oportuno. Las personas con discapacidad se ven afectadas de forma persistente por modelos mentales discriminatorios y estigmas. Los estudiantes con discapacidad, por ejemplo, son objeto de bullying en niveles más altos que sus pares sin discapacidad. Las interacciones hostiles en las escuelas pueden contribuir a la deserción o disuadir a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. Las perspectivas estigmatizadoras de los estudiantes con discapacidad (como su supuesta incapacidad de aprender o interactuar con los demás) también pueden disminuir las expectativas de los maestros y empleados administrativos, lo cual puede afectar su desempeño en el largo plazo. De forma similar, los empleadores regularmente discriminan a candidatos o trabajadores con discapacidad, pues muchos creen que carecen de las capacidades necesarias para ser exitosos en el empleo, que son más propensos a ausentarse o que son simplemente menos productivos. Esto puede Resumen Ejecutivo 19 impedir que candidatos cualificados obtengan trabajos o establecer barreras invisibles en el lugar de trabajo, obstruyendo su desarrollo profesional. Los modelos mentales negativos en las escuelas y lugares de trabajo pueden tener implicaciones profundas en la capacidad de una persona de obtener un ingreso y salir de la pobreza. Cambiar los modelos mentales y reducir el estigma es importante no solo porque ofenden simbólica y socialmente a las personas con discapacidad, sino también porque pueden llevar a la violencia física. En El Salvador, más de la mitad de los niños con discapacidad reportaron ser víctimas de violencia por su discapacidad. Las mujeres con discapacidad sufren violencia sexual y de género en tasas más altas que sus pares sin discapacidad. Atender los prejuicios y estigmas es esencial para que las iniciativas de inclusión de las personas con discapacidad funcionen. Para tener un sistema educativo inclusivo, por ejemplo, los países deben esforzarse por cambiar la mentalidad de los maestros, empleados administrativos de las escuelas, padres y estudiantes, así como crear planes de estudios y materiales de aprendizaje que representen positivamente a las personas con discapacidad. Esto puede promover un espacio de enseñanza más respetuoso y catalizar otros cambios en la sociedad. También puede producir otras externalidades positivas que beneficien a todos—por ejemplo, al enseñar a los estudiantes capacidades no cognitivas como la tolerancia, empatía, colaboración y conciencia crítica de la desigualdad. Fortalecer la resiliencia social Este reporte enfatiza la necesidad de fortalecer la resiliencia de las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de resistir los impactos de las crisis y recuperarse y prosperar a pesar de las adversidades. La educación se ha definido como el gran nivelador social por siglos, pues la acumulación de conocimiento y habilidades puede fortalecer la capacidad de las personas de aprovechar las oportunidades y superar las crisis. Sin embargo, las personas con discapacidad reciben menos años de instrucción, abandonan más rápido y con mayor frecuencia los estudios y corren el riesgo de asistir a escuelas hostiles o que no responden a sus necesidades de aprendizaje. Por lo tanto, las políticas en apoyo a la acumulación de capital humano de las personas con discapacidad pueden producir beneficios importantes en el nivel individual, de los hogares y social. Pueden aumentar su autonomía e independencia, produciendo mejores resultados en materia de empleo y una participación más activa en espacios públicos, cívicos y sociales. Apoyar a las personas con discapacidad también hará a la región más resiliente. Las políticas que promuevan la autonomía y seguridad laboral de las personas con discapacidad y que profesionalicen el trabajo de cuidados, 20 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe por ejemplo, beneficiarán directamente a las mujeres que hacen este trabajo de forma no remunerada. En América Latina y el Caribe, las mujeres llevan a cabo cerca de 80 por ciento de las tareas domésticas, una carga basada en estereotipos y roles de género que las codifican como naturalmente propensas a cuidar de los demás. Fomentar formas de vida independiente entre las personas con discapacidad podría ayudar a eliminar la carga del trabajo no remunerado para las mujeres y contribuir así a una mayor igualdad de género en las escuelas y el mercado laboral. Como aquí se muestra, las políticas de inclusión de la discapacidad no solo benefician a los individuos, sino también a sus familias y a la siguiente generación. Para crear un futuro inclusivo de las personas con discapacidad, los diseñadores de políticas públicas deben atender los falsos supuestos de que estas políticas son un juego de suma cero, que solo benefician a unos cuantos, o que su costo es demasiado alto. Al contrario, la inclusión de las personas con discapacidad es más importante ahora que nunca ya que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que más rápido está envejeciendo: se espera que el número de personas de 60 años o más vaya de 59 millones a 196 millones entre ahora y 2050. Puesto que las discapacidades se acumulan con la edad, se espera que el número de personas con discapacidad también aumente. Sin la inclusión de las personas discapacidad, el desarrollo y la prosperidad de las sociedades de América Latina y el Caribe será insostenible, pues una gran proporción de la población enfrentará barreras para trabajar, utilizar el espacio público, ejercer su derecho al voto o vivir de manera autónoma. Por lo tanto, principios como la accesibilidad, ajustes razonables y el diseño universal deben volverse cada vez más comunes, delineando la forma en que los mercados, servicios y espacios se diseñan y navegan. Asimismo, dado que todos somos susceptibles de convertirnos en personas con discapacidad en algún momento de nuestra vida, la inclusión de las personas con discapacidad podría servir a todos en el futuro. El lanzamiento de este reporte en 2021 coincide con el decimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al conmemorar este importante logro, esperamos que este reporte potencie los esfuerzos de los países de la región hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promueva el cumplimiento de las obligaciones del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y fomente el logro de los Diez compromisos en favor del desarrollo con inclusión de la discapacidad. Este reporte fue escrito durante un año pleno de incertidumbre y dolor colectivo alrededor de una crisis de salud sin precedentes en la historia reciente, que ha exhibido una vez más la arraigada desigualdad que existe en la región. Esperamos que sus hallazgos promuevan diálogos en los países y a lo largo de la región sobre las mejores formas de incluir a las personas con discapacidad en la reconstrucción después de la pandemia. Resumen Ejecutivo 21 ◄ Annexes Gráfico RE1.: Gráfico de barras agrupadas que muestra el cambio en la probabilidad de ser pobre (usando diferentes líneas de pobreza US $ 1.9, US $ 3.2 y US $ 5.5 por día) o vulnerable (US $ 13) si el hogar tiene personas con discapacidad en siete países que son Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. El eje X representa a varios países junto con sus banderas y el eje Y representa el cambio en la probabilidad de ser pobre y vulnerable, el gráfico solo muestra probabilidades estadísticamente significativas. La probabilidad de ser pobre con US $ 3.2 por día es de 3.0, US $ 5.5 por día es de 6.2 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 6.7 en Bolivia. La probabilidad de ser vulnerable con US $ 13.0 por día es de 5.0 en Chile. La probabilidad de ser pobre con US $ 1.9 por día es de 2.8, US $ 3.2 por día es de 4.3 y US $ 5.5 por día es de 6.4 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 4.3 en Colombia. La probabilidad de ser pobre con US $ 5.5 por día es de 2.1 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 9.5 en Costa Rica. La probabilidad de ser pobre con US $ 5.5 por día es de 3.4 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 5.3 en Ecuador. La probabilidad de ser pobre con US $ 3.2 por día es de 0.8, US $ 5.5 por día es de 4.4 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 6.7 en México. La probabilidad de ser pobre con US $ 5.5 por día es de 1.7 y vulnerable con US $ 13.0 por día es de 6.2 en Perú. 22 Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe Gráfico RE2.: Gráfico de barras agrupadas que muestra la disminución de la probabilidad de asistir a la escuela si la persona tiene discapacidad entre los grupos de edad 6–17 y 18–25 en países como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. El eje X representa varios países y el eje Y representa el porcentaje de cambio en la probabilidad de asistir a la escuela, el gráfico solo muestra probabilidades estadísticamente significativas. En Bolivia, disminución de probabilidad para los grupos de edad de 6 a 17 años: negativo 9 y 18-25: negativo 6.7; en Chile, 6-17: negativo 1.8 y 18-25: negativo 4.6; en Colombia, 6-17: negativo 14.8; en Costa Rica, 18-25: negativo 7.6; en Ecuador, 6-17: negativo 12 y 18-25: negativo 11.0; en México, 6-17: negativo 14.9 y 18-25: negativo 13.0; en Panamá, 6-17: negativo 2.9 y 18-25: negativo 14.0; y en Perú, 6-17: negativo 14.3 y 18-25: negativo 17.8. Gráfico RE3.: Gráfico de barras apiladas que muestra la disminución en la probabilidad de completar la educación por discapacidad y condición de minoría (poblaciones indígenas o afrodescendientes), para todos los niveles de educación (primaria, secundaria y terciaria) en países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. El eje X representa varios países y el eje Y representa el porcentaje de cambio en la probabilidad de completar la educación. La disminución acumulada de probabilidad por discapacidad más pertenencia a una minoría etnoracial en Brasil en primaria: negativa 33 con discapacidad: negativa 24, secundaria: negativa 35 con discapacidad: negativa 23 y terciaria: negativa 17 con discapacidad: negativa 11; en Costa Rica en primaria: negativa 12 con discapacidad: negativa 4, secundaria: negativa 14 con discapacidad: negativa 11 y terciaria: negativa 13 con discapacidad: negativa 9; en Ecuador en primaria: negativa 25 con discapacidad: negativa 22, secundaria: negativa 27 con discapacidad: negativa 19 y terciaria: negativa 10 con discapacidad: negativa 6; en México en primaria: negativa 30 con discapacidad: negativa 27, secundaria: negativa 28 con discapacidad: negativa 23 y terciaria: negativa 12 con discapacidad: negativa 9; y en Uruguay en primaria: negativa 50 con discapacidad: negativa 43, secundaria: negativa 28 con discapacidad: negativa 25 y terciaria: negativa 8 con discapacidad: negativa 6. Gráfico RE4.: Gráfico de barras agrupadas que muestra la disminución en puntos porcentuales del salario si la persona (de 18 a 59 años) tiene una discapacidad y es mujer, vive en una zona rural o es indígena / afrodescendiente. El eje X representa varios países junto con sus mapas y el eje Y representa el porcentaje de cambio en el salario, el gráfico solo muestra probabilidades estadísticamente significativas. Los porcentajes de cambio en el salario en Bolivia (2018) son Todos: 8.3 negativo, Mujeres: 16.8 negativo, Minoría étnica: 20.2 negativo; en Chile (2017), Todos: 6.6 negativo, Mujeres: 16.5 negativo y Rural: 7.7; en Costa Rica (2018), Todos: negativo 11.0 y Mujeres: negativo 22.9; en México (2018), Todos: negativo 11.1, Mujeres: negativo 14.2 y Minoría étnica: negativo 10.5; y en Perú (2018), Todos: negativo 11.4, Femenino: negativo 17.5 y Rural: negativo 20.9. Resumen Ejecutivo 23